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30 marzo, 2025
PAÍS

Sin presupuesto aprobado, Milei seguirá con la motosierra en 2025 para profundizar el ajuste

Sin tratamiento del proyecto de Presupuesto de este año, el Gobierno avanzó en la prórroga de la ley de leyes vigentes desde 2023. En los hechos, se aprobó la “adecuación” de los gastos y recursos de Presupuesto 2023, prorrogado al ejercicio 2025. La prórroga incluye un ajuste de 1,96 billones de pesos en los recursos (-26,7% interanual descontada la inflación) y un tijeretazo del gasto de 1,51 billones (-26,3% interanual). El recorte es incluso mayor al que se desplegaba en el proyecto de Presupuesto que el mismo Gobierno presentó ante el Congreso.

“El nivel de ingresos y gastos previstos para 2025 es inferior al que rigió en 2024, lo que pone en evidencia que ineludiblemente habrá ampliaciones en el cálculo de los recursos y también en las autorizaciones de gastos y aplicaciones financieras, que solamente se podrán realizar mediante una Ley o DNU”, señala el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Según un artículo publicado hoy por El Destape, tal como se preveía, el gobierno de Javier Milei contará –a partir de no disponer de un presupuesto aprobado para el actual ejercicio— con total discrecionalidad para ampliar, reducir y reasignar partidas.

Si se compara con el proyecto de Presupuesto presentado el 15 de septiembre por La Libertad Avanza, se destaca un recorte de gastos y recursos aún mayor en esta ampliación. En la iniciativa, que no fue tratada en el Congreso, el recorte del gasto era de 22,5% en los recursos y de 18,4% en los gastos. La prórroga contempla además un deterioro del resultado financiero, que cerraría con un déficit de 6,56 billones de pesos, equivalente al 7,5% de los ingresos totales.

Este jueves el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la segunda prórroga del Presupuesto 2023, dando cumplimiento artículo 27 de la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que estipula que en los casos en que, al inicio del ejercicio financiero, no se encontrase aprobado el presupuesto general para la Administración Nacional, el Poder Ejecutivo está facultado a realizar las adecuaciones necesarias en recursos, en gastos y de aplicaciones financieras.

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