En los próximos días, la oposición en el Senado se prepara para avanzar con el rechazo de los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, designados por decreto por el presidente Javier Milei.
Por un lado, se reunirá el bloque de Unión por la Patria y se espera que allí se termine de ajustar la estrategia a seguir. Distintas fuentes de UxP aseguran que el camino más seguro será la firma en disidencia del dictamen de la comisión de Acuerdos con el pliego de García Mansilla, para dejar habilitado su tratamiento en una sesión especial convocada para la semana próxima.
El bloque de Unión por la Patria, conducido por José Mayans y Juliana Di Tullio, se reunirá en las próximas horas para delinear el curso de acción. Se trata de la bancada más numerosa, con 34 integrantes. El sector de la UCR referenciado en Martín Lousteau, Pablo Blanco y Maximiliano Abad, así como la larretista Guadalupe Tagliaferri y el ex libertario Francisco Paoltroni también se expresaron en contra de las designaciones por decreto. Una postura similar tomó públicamente Alejandra Vigo, de la bancada Provincias Unidas, aliada del oficialismo.
Para rechazar los pliegos es necesario que 25 senadores voten en contra, ya que la Constitución Nacional establece que, para aprobarlos, se requieren los dos tercios de los votos de los senadores presentes, es decir 48 a favor (en caso de asistencia perfecta).
El caso de García Mansilla, decano de la facultad de Derecho de la ultraconservadora Universidad Austral es complejo por varios motivos: por un lado, su pliego nunca consiguió las firmas necesarias en la comisión de Acuerdos para poder ser debatido en el pleno de la Cámara alta.
De los 17 integrantes de la comisión, UxP tiene 7, mientras que La Libertad Avanza sólo 1. Sumando a sus aliados más cercanos, el oficialismo junta sólo 4. En el medio está Tagliaferri, presidenta de la comisión, y un exponente del PRO, responde a Horacio Rodríguez Larreta, convertido en el último tiempo en un duro opositor a Milei.
Y por último, los 4 integrantes de la UCR: Lousteau, Abad, Mariana Juri y Carolina Losada. En este escenario, y sin que el oficialismo consiguiera las 9 firmas para obtener dictamen de mayoría, algunos senadores de Unión por la Patria podrían firmar el dictamen “en disidencia”, habilitando así que el pliego llegue al pleno de la cámara, después de los 7 días reglamentarios.
García Mansilla ya es integrante de la Corte Suprema “en comisión”. El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, le tomó juramento y el flamante ministro apareció sentado junto a sus colegas en la apertura de sesiones en el Congreso, del último sábado.
Por su perfil ultraconservador y pro empresas, su figura genera más resistencias en UxP que en el resto de los bloques. Sin embargo, el hecho de haberles dicho en la cara a los senadores en la audiencia de la comisión de Acuerdos que no aceptaría ser designado por decreto y unos meses después haber hecho todo lo contrario, operó en su contra.
La situación de Lijo es diferente por distintos motivos: fue designado por decreto igual que García Mansilla pero todavía no juró como juez supremo porque el máximo tribunal aún tiene pendiente resolver si acepta o no su pedido de licencia como juez federal. Lo definiría mañana, cuando se vuelva a reunir la Corte, en el primer acuerdo con García Mansilla en el tribunal. Si le conceden la licencia, podría jurar ese mismo día o al día siguiente.
En el Senado, Lijo consiguió el dictamen de comisión gracias a las firmas de algunos legisladores de Unión por la Patria como Sergio Uñac, Claudia Ledesma y Lucía Corpacci. En el bloque reconocen que su figura es bien recibida por al menos una docena de integrantes. Sin embargo, buena parte de esa situación se compensa por el abierto rechazo de otros senadores opositores, incluso muy cercanos al oficialismo como Luis Juez, Alfredo de Angeli o Carolina Losada, entre otros. En el último poroteo que intentó la Casa Rosada no llegó al número mágico de 48 y debió bajarse del intento.
Como Lijo ya cuenta con ese dictamen, su pliego podría tratarse apenas los senadores le soliciten a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a una sesión especial. El reglamento le da cierto margen a Villarruel para establecer la fecha, pero no puede rechazar la convocatoria.
En este contexto, aunque el bloque de Unión por la Patria busca evitar otro traspié como el de la fallida comisión investigadora del criptogate, todo indica que la semana próxima será el turno de que la Cámara Alta le devuelva al presidente una respuesta ante la agresión y el ninguneo permanente.