La Cámara de Casación ratificó en las últimas horas que Cristina Kirchner continúe en prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, contradiciendo el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes la semana pasada habían presentado un recurso de Casación para que se revoque esa decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), y que sea trasladada a una dependencia del Servicio Penitenciario.
En concreto, la Casación sostuvo lo dispuesto por el tribunal y ratificó que la ex presidenta deberá seguir usando tobillera electrónica y que, además, tendrá que solicitar permiso para recibir en el domicilio de Constitución las visitas que no estén en el listado que fuera entregado al juzgado, tal como ocurrió con la reciente visita del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva.
En la resolución, Casación rechazó así los recursos que había presentado el abogado Carlos Beraldi, quien representa a la ex mandataria.
El letrado se había opuesto el lunes último a mudar a la ex presidenta de San José 1111, al señalar que allí pueden visitarla sus hijos y su nieta, y que las condiciones de seguridad son adecuadas, además de haber reiterado su reclamo para que se le quite la tobillera electrónica y no tenga que pedir autorización para recibir visitas en general.
Beraldi también puso foco en esa oportunidad en la “condición de mujer” de la ex presidenta “obviada de manera llamativa” en el caso y citó convenciones internacionales sobre la eliminación de toda forma de violencia hacia la mujer.
La mayoría de la Cámara, conformada por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, sostuvo la validez de la restricción de visitas y del uso de tobillera, al considerar que “la medida impugnada se inscribe, precisamente, en ese marco: no prohíbe visitas; sólo establece que, fuera del núcleo familiar inmediato, la defensa técnica y los médicos tratantes (quienes, vale reiterar, pueden ingresar sin trámite alguno más allá de estar en una nómina), cualquier otra persona deberá solicitar autorización previa al tribunal”.
Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia sobre la necesidad de la tobillera electrónica y las autorizaciones para visitas, al considerar que la ex presidenta cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios limitados.