En el peor momento del gobierno de Javier Milei —con una inflación que ya ronda el 2%, un dólar cerca de los 1.400 pesos y el mayor escándalo de corrupción nacido de sus propias entrañas—, el oficialismo vuelve a cometer un error grave: intentar imponer censura previa para que nadie hable de Karina Milei. No solo buscan frenar la difusión de audios, sino que llegaron a pedir allanamientos a periodistas, bajo la absurda acusación de un supuesto complot internacional armado por Rusia, Venezuela y el kirchnerismo.
Las consecuencias no tardaron en llegar. El abogado Gregorio Dalbón denunció penalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por “abuso de autoridad”, luego de que en su escrito solicitara el allanamiento de dos periodistas. En la denuncia presentada la noche del lunes —que espera sorteo de juzgado—, Dalbón sostiene que Bullrich avanzó contra periodistas y medios para impedir que se publiquen los audios de Karina Milei, advirtiendo que semejante decisión pone en riesgo la libertad de expresión y la seguridad nacional.
“De conformidad con lo normado en los arts. 174 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación, vengo a formular denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en orden al delito de abuso de autoridad, en virtud de la denuncia penal que promoviera contra periodistas y medios de comunicación, con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa, solicitando medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, señala el escrito de Dalbón.
Mientras tanto, el juez Julián Ercolini le pidió al fiscal Carlos Stornelli que decida si impulsa o no el pedido de Bullrich para allanar a los periodistas.
Las denuncias contra el juez Maraniello
En paralelo, se conoció que el juez Alejandro Patricio Maraniello, quien firmó la prohibición de difundir los audios contra Karina Milei, enfrenta graves denuncias en su contra y podría ser destituido por el Consejo de la Magistratura, hoy controlado por el gobierno.
Las denuncias contra Maraniello se iniciaron en 2024, cuando buscaba ser ascendido a camarista. En total, acumula seis expedientes, reactivados el pasado 19 de agosto, cuando fue formalmente notificado para que haga su descargo.
Entre los casos más graves figura la declaración de una empleada judicial que denunció haber sido hostigada por el magistrado desde que comenzó a trabajar en su juzgado. Según el expediente, la mujer accedió a salir con él por temor a perder su empleo, y en ese contexto habría sido víctima de tocamientos no consentidos.
El Consejo también recibió denuncias de otros ciudadanos, entre ellas la de un hombre que acusó al juez de “desconocimiento inexcusable del derecho, incumplimiento reiterado de la Constitución, negligencia grave y falta de comportamiento ético”. Ese denunciante lo responsabilizó de no habilitar un trámite urgente para su madre, que requería un colchón antiescaras y atención kinesiológica inmediata, incumpliendo incluso tratados internacionales de derechos humanos.
Finalmente, en su historial aparece otra denuncia realizada por la abogada Patricia Neme, quien pidió investigar si Maraniello incurrió en el delito de prevaricato.
El gobierno que prometió “más libertad” responde con persecución, allanamientos y censura previa. La denuncia contra Patricia Bullrich abre un nuevo capítulo en la crisis libertaria: ya no se trata solo de corrupción y ajuste, ahora también está en juego la libertad de prensa, el límite más sensible de cualquier democracia.