10 diciembre, 2016

¿Un organismo anticorrupción en la Provincia?

Senadores del Bloque Peronista impulsan la creación de una “Oficina Anticorrupción” en el ámbito bonaerense para investigar posibles hechos cometidos en la provincia de Buenos Aires, bajo control exclusivo de la oposición.

La iniciativa propone la creación de un Tribunal Social de Responsabilidad Política, que según sus promotores es exigido por el artículo 3 de la Constitución Provincial. Sería un ente autárquico, con independencia funcional y administrativa del Gobierno provincial.

El Tribunal funcionaría como la Oficina Anticorrupción nacional, y tendría como funciones examinar los posibles hechos que ocurrieran funcionarios políticos de la provincia de Buenos Aires y de los municipios. Pero a diferencia de ese organismo nacional, en este caso quedaría de manera exclusiva en manos de la oposición.

El presidente del Bloque Peronista del Senado, Patricio García, explicó que “la creación del Tribunal está contemplado en la Constitución”, y anticipó que la intención de su bancada es incorporar la iniciativa al proyecto de ley de Ética Pública impulsado por Cambiemos.

García manifestó que en el proyecto “proponemos que este Tribunal examine los actos de corrupción que pudieran cometer los funcionarios de los poderes públicos provinciales y municipales, y que sea un organismo que actúe con autonomía funcional e independencia de criterios, pautas y definiciones de sus actos”.

El legislador bonaerense anticipó que el Tribunal “se plantea como un órgano colegiado, integrado por nueve miembros, personas con destacada trayectoria y compromiso con los valores democráticos, que serán designados por la Legislatura”.

García manifestó que la iniciativa propone una “instancia complementaria y a la vez superadora” del proyecto de presentación de Declaraciones Juradas que envió la Gobernadora María Eugenia Vidal, y detalló que “propusimos trabajar en un dictamen que, por un lado, regule los deberes que deben cumplir aquellos que se desempeñen en la función pública (lo que usualmente se denomina “ley de ética pública”) y, por otro lado, se dé cumplimiento a una deuda constitucional que tenemos los bonaerenses.”

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