8 diciembre, 2016

Una ley para “silenciar” al kirchnerismo

El caso López y los bolsos de dólares en el monasterio de General Rodríguez, los aumentos brutales en las tarifas de los servicios que empiezan a llegar a los vecinos, hicieron que pasara desapercibida la aprobación la semana anterior de la media sanción de la Ley de Extinción de Dominio. La propuesta permitirá que cualquier patrimonio pueda ser expropiado, incluso aquellos heredados como consecuencia de un fallecimiento, si desde la Justicia civil se considera que fue mal habido, aunque no haya condena penal.

“El expediente penal va contra el individuo; ejemplo: José López. En cambio, el civil, va contra los bienes sospechados de haber sido adquiridos por fondos ilícitos”, dicen desde Cambiemos con una sonrisa.
El tema despertó inquietud entre los constitucionalistas que no lo consideran dentro de la ley, cuando no se produjo ninguna condena penal. Más bien muchos empiezan a pensar que de aprobarse se convertiría en una “amenaza” contra cualquier funcionario o dirigente que haya ocupado cargos o simpatizado con el kirchnerismo y que hoy fuera crítico al gobierno nacional.
Para algunos constitucionalistas, la ley de Extinción de Dominio trae a la memoria el decreto-ley 5143/1955 de la Revolución Libertadora, que conformó la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, por el que todos los funcionarios o simpatizantes peronistas tenían que invertir la carga de la prueba y demostrar que sus propiedades eran lícitas. La mayoría de la dirigencia durante años no podía vender sus propiedades. Esta comisión tenía como “loable propósito” obtener la incautación de todos los bienes de los que se habrían apoderado los funcionarios corruptos del anterior gobierno.
Por este decreto-ley se apropiaron de todos los bienes de Juan Domingo Perón y de su esposa Eva Duarte, hasta de los heredados de su madre Juana Sosa de Canosa. Junto a Perón fueron miles de dirigentes peronistas los que quedaron ante la amenaza de expropiación de sus bienes. El mismo Arturo Jauretche, recién en 1967, fue autorizado a vender su modesta casa.
En Diputados, esta ley fue aprobada por escasos 135 votos, muy por debajo de los 194 votos que obtuvo la ley del Arrepentido. El Senado podría rechazarla sino hay garantías del debido proceso.

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