El gobierno de Mauricio Macri decidió responder a la ONU y la OEA, a través de la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos, que liberar a Milagro Sala “implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación” judicial que se le sigue por malversación de fondos y fraude en la cooperativa que tenía a su cargo”. La ONU había pedido su inmediata liberación por “arbitraria”.
El Gobierno envió tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como al Grupo de Trabajo de la ONU un informe de 21 páginas de la Secretaría de Derechos Humanos, un escrito de 39 páginas de la Fiscalía de Estado de Jujuy y 52 páginas con fundamentos de la detención de Sala del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público de Jujuy.
A la vez, en el informe enviado por la Cancillería invitó a los representantes del Grupo de Trabajo de la ONU y de la OEA a visitar Jujuy “a efectos de tomar cabal conocimiento de todas las circunstancias que justifican la detención mientras se encuentran debidamente respetadas y garantizadas las garantías del debido proceso y los derechos de la imputada”.
El informe que envió el Gobierno a Washington y a Ginebra advierte con claridad que Sala “lejos sufrir una detención arbitraria como opina el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de DDHH de la ONU, permanece encarcelada en función de un proceso debidamente acreditado donde justifica de modo razonable el riesgo procesal por colusión de testigos”. También destacó que las premisas en las que se funda el razonamiento del Grupo de Trabajo “desatienden una serie de cuestiones fácticas esenciales para arribar a semejante conclusión”, señala el escrito.
A lo largo de los informes de anexo que presentó la Cancillería se hizo un largo y detallado informe sobre el expediente judicial que avanza en Jujuy contra Sala donde señala que “se encuentra plenamente acreditado un millonario fraude a la administración pública operado con fondos destinados a la construcción de viviendas”. También detalla “la activa participación de Sala en un mecanismo por el cual la dirigente social, a través de pequeñas cooperativas, recibía recursos provenientes del Estado Nacional, y que por medio de mecanismos extorsivos conseguía que las mismas emitieran facturas por obras que jamás se hicieron”.
Luego de esta respuesta, el Gobierno esperará ahora la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo a la vez que espera que con esta jugada se frene la embestida internacional que fue motorizada por las denuncias que hicieron el CELS y Amnistía Internacional ante organismos extranjeros por la situación de Sala.
7 Comentarios
Acá hay algo que no me cierra.
La justicia jujeña suspendió el juicio por falta de pruebas, pero el subpresidente alega que “se encuentra plenamente acreditado un millonario fraude a la administración pública operado con fondos destinados a la construcción de viviendas”.
¿Cómo es el asunto, hay o no hay pruebas?
Comparto con vos..la misma pregunta..hay o no hay pruebas??y el señor presidente es el menos indicado para responder a la ONU que existe fraude.señor Panamá!!!
UNA VERGUENZA EL GOBIENRO NACIONAL Y SUS ACOLITOS TODOS COMPLICES DE ESTA INJUSTICIA!!!
Nada cierra con estas basuras, si yo armo un tribunal para juzgar a los enemigos el mismo no tiene validez. Espero que a la ONU le hayan acercado la informacion correcta, pues esto es arbitrario.
hoy el único peligro existente es: “cambiemos”!!!!!!!
EL UNICO PELIGRO QUE EXISTE ES CAMBIEMOS EN TODO EL PAIS BASTA MACRI
Si ha cometido o no algún delito debe probarse en la justicia, la que no debería ponerla presa hasta encontrarla culpable. Se procede así para que una persona inocente no esté presa.DEBIDO PROCESO SE LLAMA