Como no podría ser de otra manera, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, recurrió al discurso oficial para minimizar el escándalo sobre los cientos de aportantes truchos en la campaña bonaerense de Cambiemos: “Hay que investigar hasta el final, me gustaría un análisis integral de todas las campañas. La Justicia tiene que hacer lo que corresponde”.
En cuanto a si es lo mismo que pasó durante el kirchnerismo, la funcionaria dijo que “no puedo concluir que la situación es la misma por trascendidos. Si no hay una sanción judicial penal y económica para los partidos -y no la ha habido desde 2003, cuando entró en vigor esta ley-, es probable que muchos sientan que pueden seguir haciendo cualquier cosa”.
Y agregó: “creo en la transparencia total. La reforma de la ley de Cristina Kirchner prohíbe el aporte de empresarios, pero andá a preguntarle a Daniel Scioli cómo financió su campaña”. Para Alonso “hay que promover la transparencia, pero siempre hay fuentes prohibidas de financiamiento”.
En una entrevista con el diario La Nación, Alonso prefiere correrse del centro de la escena ante la eventualidad de que en algún momento llegue a sus manos una denuncia contra Mauricio Macri: “éste es un órgano de control interno del Poder Ejecutivo, que cuando detecta un caso de corrupción, lo denuncia. Para controlar al presidente están el Congreso y el Poder Judicial”.
Sobre la posibilidad de abrir juicios contra funcionarios de Cambiemos mientras Macri esté en el gobierno, la funcionaria plantea que “si hay razones suficientes debería haberlos, sería la manera de los jueces de demostrar su independencia, que la tienen”. Y, claro, aprovecha para atacar al kirchnerismo, al decir que “las evidencias rimbombantes que señala la oposición en las denuncias de los medios no tienen la misma solidez a la hora de probarlas en tribunales”.
En cuanto a la visión de que en el kirchnerismo todo era corrupción, y en Cambiemos son el conflicto de intereses, el blanqueo y la patria offshore, Alonso sostiene que “son peras y manzanas, es incomparable. El conflicto de intereses es una situación vinculada a la ley de ética pública que no conlleva un delito. Un conflicto de intereses bien administrado no genera una negociación incompatible”.
En tal sentido, agrega que “si el conflicto está administrado y separados los asuntos, y el funcionario hace lo que se le instruye que haga, no tiene por qué sufrir ninguna consecuencia penal. Si el conflicto de intereses no está resuelto o es ocultado por el funcionario, es cuando se resuelve en tribunales”.
Sobre el blanqueo de capitales, dijo que “en el marco del sinceramiento fiscal, muchos ciudadanos comenzaron a pagar impuestos sobe esos activos, como debe ser. Si esos activos en el exterior fueron adquiridos de manera lícita, declararlos es correcto en la AFIP y en la OA. Si esos activos en el exterior son de origen ilegal, las consecuencias son penales”.
“¿Hubo una inconducta anterior del funcionario al no declararlos?”, le preguntaron, y luego de una larga pausa, respondió: “Eso lo tiene que definir la Justicia, no corresponde que lo digamos desde la OA”.
Acerca del rol que cumplió la OA en el caso de Luis Caputo, denunciado por no declarar fondos offshore, Alonso aclaró que su oficina “lo analizó en dos ocasiones: por su pertenencia a una consultora y por su rol como presidente del Banco Central. Produjimos una información y ya fue sobreseído por el juez de la causa. Tienen que autolimitarse en inversiones específicas: no puede comprar letras que emita el Banco Central”.