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La Plata
28 marzo, 2024
PAÍS

Otra ayuda de la Justicia “independiente”: cierran la causa contra Macri por el acuerdo con el FMI

La causa contra el presidente Mauricio Macri por el acuerdo stand-by firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo que ahora es de U$S 57.000 millones, quedó definitivamente cerrada, ya que el fiscal de Cámara Germán Moldes resolvió desistir de un recurso que buscaba reabrirla.

La denuncia había sido presentada por los dirigentes Claudio Lozano y Jonatan Baldivieso, por los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, al no haber consultado al Congreso para concretar la operación.

El juez federal Julián Ercolini no hizo lugar a una medida cautelar para suspender el acuerdo firmado con el FMI. Pero el fiscal Jorge Di Lello imputó a Macri y a otros funcionarios ante la Cámara Federal. Su planteo justamente se fundamentó en que el Gobierno no pidió la autorización del Congreso.

También habían sido imputados el jefe de Gabinete, Marcos Peña ; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , y el ex presidente del Banco Central, Luis Caputo.

En ese contexto, el fiscal general Germán Moldes, última instancia para impulsar la causa ante la Cámara Federal, resolvió desistir de la apelación de Di Lello.

“La decisión del señor juez [Ercolini] de desestimar la denuncia generó la apelación que habilitó la instancia”, señaló Moldes en su escrito de desistimiento. El fiscal fue duro cuando dijo que esa acción “es imposible de sostener, a la luz de los criterios técnicos que esta fiscalía general utiliza”.

Moldes señaló que “esta Justicia Federal está atestada de denuncias y contradenuncias, sin más horizonte aparente que la primera plana del diario de mañana”.

Por el contrario, en su apelación, Di Lello había señalado que “las ilegalidades e inconstitucionalidades alegadas en la denuncia resultan verosímiles y lógicas”. Y por eso pidió que se investigue si el Presidente y sus funcionarios incurrieron en los delitos de abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber pedido autorización al Congreso.

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