Ante lo que será su segura derrota en las elecciones del 27 de octubre -y en consecuencia su salida de la Casa Rosada-, en los últimos días Mauricio Macri volvió a insistir con la necesidad de que la Ciudad de Buenos Aires se convierta en una virtual guarida fiscal, con el objetivo de que se relajen los controles para las sociedades, tanto nacionales como extranjeras, y que eso permita el ocultamiento de sus dueños, de los beneficiarios finales de sus negocios y la evasión.
A eso apunta la creación de una Inspección General de Justicia (IGJ) paralela a la que existe a nivel nacional, es decir, una IGJ porteña. Ya durante su primer año de gestión como jefe de Gobierno porteño, el actual presidente logró avanzar con ese proyecto, pero un fallo judicial se lo frenó.
La responsable de aquella resolución fue la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, quien ya en aquel momento (año 2008) denunció un intento de generar un paraíso fiscal para las offshore en la Ciudad. Justamente, la obsesión de Macri con la ex funcionaria judicial viene desde esos tiempos, y de ahí que ya se la tenía jurada: ya como presidente, y después de innumerables presiones, logró deplazarla finalmente como jefa de los fiscales.
Según revelan el sitio El cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky, y El Destape, ahora, el dato de que Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, quieren poner en marcha la IGJ porteña llegó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Al sindicato les dijeron que se prepararn para la puesta en marcha de este nuevo organismo. También que Rodriguez Larreta ya tiene preparado un DNU para firmar apenas se conozca la resolución de los camaristas a favor de los intereses de Macri.
Larreta terminó imputado por presunto abuso de autoridad por la creación de esa dependencia nueva. Lo que le cuestionaba ese fallo es que no había una legislación que le permitiera crear una IGJ porteña y quitarle funciones a la que existe a nivel nacional.
Hoy está en manos de la Cámara en lo Comercial. Pese a los fallos en contra, el Gobierno porteño avanzó y designó frente al nuevo organismo a Hernán Najenson, un hombre muy cercano a Daniel “El Tano” Angelici. A raíz de esa decisión es que Larreta terminó imputado penalmente.
Está claro que la movida puede estar vinculada a las causas que enfrenta Macri. Por eso mismo, entre los fiscales hay fuertes sospechas de que el oficialismo aspira a que queden bajo la órbita de la Ciudad dos temas de gran sensibilidad para el presidente: las presentaciones que debe hacer la familia Macri por la causa Correo Argentino, y la registración y el control sobre las sociedades off shore”, que –obviamente- está vinculado al escándalo de Panamá Papers.
La presentación judicial impulsada por Gils Carbó en febrero del 2009 señalaba sobre el peligro del “crecimiento exponencial de la economía ilegítima a través de paraísos fiscales y de la utilización de sociedades offshore para defraudar al fisco y los derechos de terceros”.
Hoy la ex Procuradora indicó a la radio AM 750 que “a fines de 2008 la Legislatura porteña dictó una ley que intenta crear una IGJ porteña, equivalente a la nacional. Querían traspasar sus funciones. Es claramente inconstitucional. Era para fomentar el uso de sociedades offshore. Que ahora se pretenda reflotar entre gallos y medianoches, queda claro la intención”.
En tal sentido, no dudó en sostener que “lo que se busca con la IGJ porteña es liberalizar el uso fraudulento de sociedades y que crear una IGJ en la ciudad de Buenos Aires es crearse una jurisdicción sin controles”.
La ex Procuradora insistió con que el objetivo parece ser eludir controles: “Obviamente la evasión impositiva es uno de los principales objetivos de crear una IGJ en la ciudad. Debe haber un interés muy grande en que Buenos Aires sea una guarida fiscal”, advirtió.