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29 marzo, 2024
PAÍS

Aborto: Alberto confirmó que impulsará su legalización, y la expectativa es que esta vez sí se convierta en ley

Alberto Fernández tiene la decisión tomada: tal como lo prometió durante la campaña electoral, en marzo impulsará la legalización del aborto seguro y gratuito. Se trata de una iniciativa “más integral y superadora” que la debatida en 2018, ya que contemplará múltiples aristas ligadas a la salud de la mujer y a su desarrollo humano.

De esta manera, el tema volverá este año a discutirse en el Congreso, y la expectativa es que finalmente el aborto legal, seguro y gratuito, sea ley en este 2020.

Como ratificó el presidente ayer al responder preguntas de estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París, donde brindó una conferencia magistral, la propuesta que enviará el Gobierno al Congreso incluirá la despenalización y la legalización del aborto, es decir, no solo que deje de ser delito que una mujer se someta a una interrupción voluntaria de embarazo, sino que además se garantice la práctica gratuita en hospitales públicos.

“En ambas iniciativas, se trata de que el Estado respete y acompañe la decisión de cada mujer y que dé respuesta a diversas realidades que hoy son desatendidas: las de aquellas mujeres que deciden abortar y hoy son empujadas a la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y su vida, y las de aquellas que se encuentran condicionadas por situaciones de vulnerabilidad para decidir libremente continuar o no con un embarazo”, explicó una de las expertas que trabajan en el proyecto.

Es la primera vez que un presidente de la Nación ordena la elaboración de un proyecto de interrupción voluntaria de embarazo. Será, además, la primera vez que el Poder Ejecutivo impulse el debate en el Congreso con la intención de que se apruebe efectivamente la ley.

A diferencia de Mauricio Macri que, según él mismo declaró, nunca tuvo voluntad política para promover la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), a pesar de que habilitó la discusión de la propuesta de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en 2018.

La iniciativa sería anunciada por Alberto en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo próximo, y enviada al Congreso en los días posteriores.

En el Gobierno entienden que el drama del aborto no se termina con la instancia sanitaria. Y señalan que el tema tiene implicancias profundas, como una revisión de los sistemas de Salud, Educación y Justicia. Esto, como puntapié para un cambio cultural.

La decisión política del presidente es impulsarlo, con el anhelo de que sea ley en 2020. Y en el Gobierno están confiados en que esta vez, a diferencia de 2018, la iniciativa será sancionada por su concepción de mayor integralidad.

El objetivo central será garantizar la salud de la mujer, su acceso universal a los Derechos Sexuales y Reproductivos. Esto, con una mirada abarcativa que no pone fin a la responsabilidad del Estado en la instancia de asistencia sanitaria.

Hay tres funcionarios a cargo del tema: el ministro de Salud, Ginés González García; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra (que ya en 2008 había presentado un proyecto de ley en su condición de diputada); y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

El proyecto, que está en elaboración, pretende que adhieran las provincias y los municipios. Se buscará que haya un equipo multidisciplinario (con psicólogos, psiquiatras, obstetras y médicos clínicos) en cualquier institución sanitaria pública que asista a la persona ante la problemática.

También podría haber novedades respecto de la primera infancia. Básicamente, cuál será el rol del Estado ante una situación muy particular: cuando una mujer tiene un hijo y, por cualquier motivo, no pueda criarlo.

Ayer, durante su discurso en París, Fernández habló del tema. Dijo que es una cuestión de estricta salud pública: “No podemos poner en riesgo la salud de la mujer que decide abortar”, reafirmó.

Esa integralidad que promete el Gobierno en el proyecto, con puntos que se guardan bajo siete llaves, sería la carta que jugará el oficialismo para contener las presiones de la Iglesia Católica y de otras instituciones religiosas que están en contra.

“Lo que voy a hacer es mandar una ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier mujer en un centro público”, afirmó Fernández.

“En la Argentina el aborto es un delito. Es un extraño delito, en el que casi nunca se condena a una mujer por un aborto. Pero todos sabemos que el aborto existe. ¿Cuál es el problema de que exista un delito de aborto? El problema es que todo aborto se vuelve clandestino”, consideró Fernández.

En ese sentido, afirmó que “en la clandestinidad el riesgo de salud de la mujer se potencia. Pero en última instancia, la situación se vuelve un problema más agudo de acuerdo con la clase social de quien se practica un aborto”.

“Si (la mujer) es de una clase social alta, seguramente se practicará el aborto en un centro de salud adecuado, con condiciones de asepsia adecuadas y el certificado médico dirá que tuvo un aborto espontáneo y su salud estará absolutamente garantizada”, afirmó Fernández. Pero agregó que, si se está en presencia de una mujer sin recursos económicos para pagar la realización en una clínica privada, “toda su vida corre peligro y, si zafa su vida, corre el riesgo de sufrir lesiones internas”.

El presidente consideró que el debate en torno al aborto “es parte de la discusión hipócrita que Argentina tuvo con el divorcio”. Al respecto, sostuvo que “no vivo en paz con mi conciencia sabiendo que si una mujer tiene que realizarse un aborto y no tiene las posibilidades económicas, termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando o matando. Perdónenme, pero la hipocresía nunca se llevó bien conmigo”, concluyó.

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