“Vivimos en una infectadura”: la solicitada de 300 “intelectuales” macristas que no llegó ni a tendencia de Twitter

Un grupo de 300 investigadores, intelectuales, artistas y ex funcionarios macristas firmó una carta con duras críticas al gobierno de Alberto Fernández por la extensión de la cuarentena frente a la pandemia de coronavirus. El texto, que invita a “redoblar la actitud crítica” y le pide “responsabilidad” al Presidente, asegura que nuestro país “vive en una infectadura”. Pese a los esfuerzos de los fanáticos, el neologismo fue motivo de burlas y no llegó ni a convertirse en tendencia de Twitter.

Bajo el título  “La democracia está en peligro”, la solicitada sostiene que “en nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la ‘seguridad nacional’, el gobierno encontró en la ‘infectadura’ un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorios y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones” y compara así livianamente la cuarentena con la Doctrina de la Seguridad Nacional, que sirvió de sustento a los golpes y al terrorismo de Estado en los años ’70.

El texto también asegura que “la democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983”, y asevera que “el equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país”.

Como si fuera poco, la solicitada habla de los estragos económicos provocados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio y puntualiza “la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento de la pobreza”, como si el gobierno de Mauricio Macri no hubiera existido.

Entre las firmas destacadas de la solicitada están el actor Luis Brandoni; el escritor Federico Andahazi; el sociólogo Juan José Sebreli; el filósofo y poeta Santiago Kovadloff; la científica del CONICET, Sandra Pitta; el jurista Daniel Sabsay; el ex secretari de Cultura, Darío Lopérfido; Rodolfo Pousá, el ex titular de la agencia Télam; Néstor Sclauzero (gerente de noticias de la TV Pública entre 2015 y 2019); Pablo Ciarlero (subdirector de Radio Nacional hasta diciembre pasado) y Jorge Sigal (ex secretario de Medios Públicos).

La carta, que fue publicada en exclusiva por Silvia Mercado en Infobae, no tuvo la repercusión que sus autorres hubieran esperado: no fue tendencia de Twitter y el neologismo “infectadura” se convirtió en objeto de burlas en las redes sociales.

La solicitada:

El mundo enfrenta un momento especial a raíz de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, conocida como COVID 19. Si bien ningún país estaba preparado para esto, la primera reacción del gobierno argentino fue negar la existencia del problema, a pesar de las advertencias desde un sector independiente de la comunidad científica y de la política.

Del mismo modo, se desestimó el planteo de testear, rastrear y aislar casos, no controló a tiempo las fronteras y decretó una cuarentena en forma improvisada, sin presentar ningún plan ni una posible fecha de finalización. Como única explicación se exhibieron logros parciales, al compararse erróneamente con otros países, y mostrando con anticipación supuestos éxitos, cuando debería predominar la cautela y el realismo.

El presidente Fernández anunció que comenzaba “la hora del Estado”, una expresión que recuerda a la famosa frase de Leopoldo Lugones y describe un fenomenal avance en la concentración del poder para eludir cualquier tipo de control institucional.

En nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la “seguridad nacional”, el gobierno encontró en la “infectadura” un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones.

En dos meses, hubo un número alarmante de detenidos y sancionados en nombre de su propia salud. La detención, seguida de muerte, de Magalí Morales y Luis Espinoza se convierte en responsabilidad del gobierno nacional, que ha creado las condiciones para que esto suceda. Miles de argentinos quedaron varados en el exterior y en el interior, mientras provincias y ciudades se han cerrado como condados medievales. Clases suspendidas, enfermos que no pueden seguir sus tratamientos, familias separadas, muertos sin funerales y, ahora, la militarización de los barrios populares.

El desdén por el mundo productivo no tiene antecedente y su consecuencia es la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento de la pobreza. Los créditos para monotributistas y autónomos y la asistencia a las PYME fueron tácticas publicitarias con requisitos casi inalcanzables para la mayoría de los afectados.

La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983. El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país.

Nosotros, ciudadanos que pertenecemos a varias áreas de la ciencia, al mundo académico, profesional y la cultura general, manifestamos nuestra preocupación y llamamos a grupos y organizaciones de la sociedad civil, partidos, sindicatos, formadores de opinión y medios de comunicación independientes a redoblar una actitud crítica y vigilante hacia al poder gubernamental, aumentando la deliberación y la conversación social sobre las consecuencias del aislamiento obligatorio y exigiendo la presentación de un plan de salida para esta situación anormal.

La sociedad argentina ha mostrado ser responsable a la hora de enfrentar la amenaza de la pandemia. Acató las normas, cumplió los consejos sanitarios y se mostró respetuosa de la ley y sus representantes. Es hora que el presidente haga lo mismo.