En realidad, no debería sorprender a nadie. Y menos que menos al Gobierno. Apenas Alberto Fernández anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que se declaran servicios públicos esenciales a internet, TV por cable, telefonía fija y móvil, estableciendo además el congelamiento de tarifas hasta fin de año, se desató una despiadada y brutal guerra contra el Gobierno, encabezada previsiblemente por el Grupo Clarín y sus “comunicadores” y, por supuesto, los referentes y legisladores de Juntos por el Cambio, que también pusieron el grito en el cielo, porque esta medida “nos acerca cada vez más a Venezuela”.
Desde el primer minuto, el conglomerado que encabeza Héctor Magnetto lanzó una burda operación para frenar los alcances de un decreto porque afecta sus intereses, y de ahí que lo tome como una embestida del Frente de Todos contra Clarín, asumiendo así el rol de pobrecita víctima perseguida por el Gobierno.
De ahí que hayan salido con los tapones de punta, firmando un comunicado junto a las empresas del sector, en el que advierten que “semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro”.
Ah, eso sí, y con la idea de mostrar su “humanidad”, las compañías sostienen que “compartimos el objetivo de alcanzar la universalidad de acceso a todos los argentinos. Eso es una Política de Estado, de desarrollo”, pero ahí nomás dispara: “El Servicio Público, en cambio, es una regulación limitante, que no implica obligaciones per se y que genera desequilibrios en la inversión y los accesos. Decretar servicios públicos a Internet, TV paga y la telefonía celular NO garantiza el acceso a toda la población, y fundamentalmente busca intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y competencia”, plantearon.
Y proponen: “Solicitamos que se reconsidere esta decisión para restablecer un diálogo franco en el que todas las partes encontremos el camino para conectar a los argentinos y seguir desarrollando una industria de alto valor agregado, generadora de empleos legítimos y con un enorme potencial para el país y su gente”.
Mientras, el Frente de Todos avaló en la Bicameral de Trámite Legislativo del DNU, en tanto la oposición de Juntos por el Cambio, que ya se había manifestado en contra del decreto presidencial y que se abroqueló en defensa de las corporaciones del sector, no participó de la reunión y cuestionó la convocatoria de la Bicameral porque no se habrían cumplido las 48 horas de antelación y se realizó en forma remota, sin que la Cámara baja haya prorrogado el protocolo para su funcionamiento virtual.
Para tomar dimensión sobre las fabulosas ganancias de estas empresas, en los últimos dos años, 2018 y 2019, la inflación alcanzó las subas más altas desde 1991. En esos años, el rubro comunicación estuvo entre los dos que más escalaron, incluso por encima del nivel general. Comunicación aumentó 326,3 % entre mayo de 2016 y diciembre de 2019. En el mismo período, la inflación fue de 231,4 %, según el Centro de Economía Política (Cepa).
El último aumento lo habían aplicado en marzo de este año, cuando más que duplicó al nivel general. El rubro comunicación subió 8,3 %, contra una inflación del 3,6 por ciento. Durante la pandemia, habían acordado con el Enacom congelar los precios. Pero para septiembre ya habían anunciado a los clientes subas que en algunos casos llegaban hasta el 18 %.
El Gobierno les había pedido posponer este aumento hasta febrero del año que viene. “No quisieron aunque era absolutamente necesario”, aseguró Alberto Fernández. Ese fue uno de los motivos del congelamiento en el DNU que establece a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como servicio público.
Lo que las empresas y el macrismo ocultan, es que en realidad, el Gobierno ‘no expropió’ la telefonía, y solo se exige que a partir de ahora las empresas deberán pedir autorización al Estado, previa presentación de un esquema que justifique los aumentos. Algo que sucede con la medicina prepaga, la luz, el gas o los combustibles.
En este contexto, hoy Carlos Pagni, desde La Nación, y bajo el título “Un ataque de Alberto Fernández al corazón de la economía”, se pregunta: “¿Puede ser que un día nos digan que el Estado regulará Netflix, Spotify o WhatsApp? Seguramente Fernández no quiera hacerlo, pero, a partir de este decreto, podría, lo cual puede ser una advertencia para quienes invierten u operan estas firmas”.
Por su parte, Patricia Bullrich, en su rol de presidenta del PRO, salió abiertamente en defensa del Grupo Clarín. En un hilo que compartió vía Twitter, enumeró los motivos por los que considera que la medida tomada por el Gobierno nacional es negativa. La exfuncionaria nacional para fundamentar su crítica apeló al fantasma de que Argentina vaya atrás del modelo venezolano, que es una medida para meterse con el grupo Clarín, además de advertir el “vamos por todo” del gobierno.
Al respecto, llegó a afirmar que el gobierno nacional “encontró una ventana por la cual meterse con el grupo Clarín”, y aclaró que ese grupo empresarial es quien tiene una posición mayoritaria en el servicio de TV por cable e Internet, y que además ahora opera con celulares a través de la fusión con Personal.
“Más planes baratos, menos competencia, menos inversión y como resultado, una mayor brecha en la sociedad. No se trata de una política pública errónea sino de una visión que tiene Cristina Kirchner, respaldada en el modelo venezolano. Esa visión ahora también es compartida por Alberto Fernández”, lanzó.
Para el jefe del bloque de senadores nacionales de Pro, Humberto Schiavoni, es “grave que se intervenga en un sector esencial que venía funcionando bien”. Y aclaró: “No leí el DNU, pero lo que termina pasando en estas situaciones es que el servicio no se presta o se presta en forma deficiente”, dijo.
También se manifestó crítico de la medida el ex presidente del Senado, Federico Pinedo, quien consideró que “los precios de celular se pueden controlar por la emergencia que les votamos, pero no necesitan declarar internet como servicio público de titularidad estatal; es una barbaridad”. Y agregó que “la estatización de servicios de comunicación viola tratados internacionales y condenaría a la Argentina a no poder salir de la crisis; ‘servicio público’ en derecho significa servicios de titularidad estatal”, aseguró desde su cuenta de Twitter.