Ya hace más de un mes que Mauricio Macri viajó a Europa, y en medio del peor momento de la pandemia en Argentina, mientras juega un picadito de fútbol y arma negocios desde su cargo como titular de la Fundación FIFA, ya está organizando su vuelta al país, sabiendo que acá lo aguardan momentos difíciles por la causa del espionaje ilegal durante su gobierno, teniendo en cuenta que está cada vez más comprometido con esa investigación.
Cerca del ex mandatario aseguran que “está muy preocupado”, porque sabe que más temprano que tarde deberá hacerse presente en los tribunales. Es que se cae de maduro que la Justicia deberá llamarlo a prestar declaración.
En tanto, en su entorno le recomiendan que una vez en el país siga tomando distancia de las críticas y acusaciones sobre su gestión de gobierno y un presente que lo muestra desentendido e irreponsable ante la pandemia provocada por el coronavirus.
Y mientras repasa los detalles del libro sobre su gestión -detalles que sus coautores, Hernán Iglesias Illa y Pablo Avelluto, guardan con cuidado extremo de cualquier filtración a la prensa-, referentes de Juntos por el Cambio le recomiendan que tome una “actitud equidistante” de las diferencias entre los llamados “dialoguistas” y “halcones” en esa coalición. Y hasta llegaron a decir: “Tiene que ser como (Juan) Perón desde Madrid”.
La cuestión central es que definitivamente octubre será rojo para el macrismo, teniendo en cuenta que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, le puso fechas a las declaraciones indagatorias de los imputados en la causa de espionaje ilegal, listado en el que se destacan el secretario privado de Macri, Darío Nieto, y los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silivia Majdalani.
Nieto, una persona de extrema confianza de Macri durante su gestión y también actualmente, fue citado para el 6 de octubre. A Arribas y su segunda, Majdalani, se les fijó fecha para el 8 y 9 de octubre, respectivamente.
Se trata de la causa por el espionaje ilegal a políticos, periodistas, gremialistas y jueces, entre otros, durante la gestión de Cambiemos. En esa lista de víctimas figuran Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Nicolas Massot, Emilio Monzó, Martín Irurzun o Hugo Moyano, pero también la hermana y el ex cuñado del ex presidente.
Para la fiscalía, los imputados conformaron “una asociación ilícita que funcionó y se desarrolló dentro de varios organismos del Estado Nacional y que tuvo múltiples finalidades ilícitas, principalmente la de desplegar operativos de espionaje ilegal”. Para el Ministerio Publico, la maniobra desplegada “no podría haberse llevado a cabo sin un acuerdo de voluntades que garantizara silenciar todos los controles que podrían activarse en el largo proceso entre la orden impartida, la obtención del producido de los espionajes ilegales y la posterior entrega a los requirentes”.
A lo largo de casi 200 paginas, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide describieron “un entramado delictivo complejo tuvo como víctimas” a medio centenar de personas. De esas 200 paginas, en 150 describen las pruebas sobre el espionaje a las víctimas, con fotos, mensajes de chats y carpetas, algunas de las cuales ya habían trascendido y otras que hasta ahora no se habían filtrado.
En el dictamen acusatorio, la fiscalía afirmó que “se utilizó la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia para practicar espionaje político de un gran y variado número de personas, algunos de ellos opositores políticos al gobierno liderado por Mauricio Macri y otros pertenecientes a su misma bandera política; pero claramente esta actividad sistemática de espionaje de contenido político se realizó torciendo la razón de ser de dicha Agencia Federal”.
Según la Fiscalía a cargo de la investigación, todos los imputados integraron “una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado Central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia”.