Por Juan Cruz Cabral. Se ha puesto en marcha una acción desestabilizadora, iniciada por un supuesto reclamo salarial de la Policía Bonaerense. Dicho reclamo tendría razonabilidad si no se supiera que los aumentos estaban a punto de realizarse y se anunciarían en los próximos días. Finalmente, se comunicaron el martes 8 de septiembre, incluso ratificando las autoridades provinciales que las peticiones son atendibles, en razón de que es verídico el retraso salarial, tanto como otras problemáticas laborales referidas por los uniformados. Pero, sin embargo, continuaron las movilizaciones. Para colmo, sustrayendo los bienes del Estado (patrulleros, armamento, etc.) para realizar los actos que pudieron verse en decenas de distritos de la Provincia y provocando un generalizado desamparo social.
Estos hechos que, llamativamente, sólo pueden compararse a los producidos durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no pueden observarse aisladamente. Coinciden con declaraciones destempladas de la oposición y hasta con acciones que vulneran el normal funcionamiento de las instituciones, tales como las realizadas la última semana por los diputados de Juntos por el Cambio, que buscaron por todos los medios obstaculizar el funcionamiento del Congreso.
A su vez, se producen en sintonía con las proscripciones de Rafael Correa y Evo Morales en Ecuador y Bolivia, respectivamente, países en los que la acción o inacción de la policía fueron visibles en distintos momentos para confrontar a los gobiernos democráticamente elegidos; en el caso boliviano, conduciendo al establecimiento de una dictadura lisa y llana.
Pero, sobre todo, no pueden desvincularse de las declaraciones previas de un ex presidente, que advirtió, prácticamente oficiando de mensajero de una amenaza, que para que hubiera “paz” y no “guerra civil”, el presidente Alberto Fernández debía acceder a un co-gobierno con las fuerzas derrotadas en la última elección. Tal condicionamiento es inaceptable en democracia, un sistema pensado para saldar los disensos: cuando los consensos no se producen, corresponde tomar las decisiones en virtud del pronunciamiento de la mayoría, sea en elecciones, originariamente, o en las Cámaras del Congreso, una vez establecidos los resultados electorales, que generan la institucionalización de las diferencias políticas sociales. Increíblemente, esta verdad de Perogrullo requiere ser recordada en estas circunstancias.
Un discurso deliberadamente violento, emanado de la oposición política y los (poco) diversos medios de comunicación dominantes, se reproduce en múltiples manifestaciones, minoritarias pero estridentes, alentadas por la irresponsabilidad de dirigentes y comunicadores que parecen especular con que un colapso sanitario genere una eventual crisis política.
Éste es el contexto en que deben observarse estos acontecimientos. La peligrosidad de estos componentes obliga a manifestarnos inequívoca y enérgicamente por el respeto de las instituciones de la democracia, incluidos los canales institucionales para tramitar los conflictos. Sería deseable que todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas, oficialistas y opositoras, se manifestaran en este sentido. Algunos prefieren echar leña a un fuego que contribuyeron a encender. Ni las mayorías ni la historia los absolverán.
*Secretario político de la Organización Peronismo Militante