Como si estuviéramos en la monarquía francesa, la Corte Suprema de Justicia afirma como el nefasto Luis XIV “El Estado soy yo” y en dos miserables renglones dice que el ex vicepresidente Amado Boudou debe estar preso y no “volver hacer política” de por vida. El mensaje no termina ahí: avisa sin decirlo que que ira por Cristina Kirchner, sus hijos y la mayoría del peronismo.
La Corte decidió utilizar el artículo 280 del código procesal que le permite a la Corte, sin fundamentar nada, rechazar el último recurso de Boudou, avalando un fallo viciado para condenarlo a 5 años y 10 meses de prisión.
Los medios hegemónicos presionaron durante semanas para que la Corte convalide una sentencia viciada de nulidad, basados en testimonios “comprados” por el macrismo para que declaren en contra del vicepresidente. El hecho fue tan vergonzoso que a uno de los “arrepentidos” le regalaron un hotel boutique en Mendoza.
Boudou fue acusado de quedarse con una fábrica de billetes, donde nunca se comprobó nada, pero la orden del establishment económico no estaba interesado en esa causa sino en castigarlo por haber sido el autor de la estatización de las AFJP. Como ha dicho Cristina más de una vez, la idea de estatizar las AFJP fue una idea de Boudou: “Fue la medida más importante de mi primer gobierno” escribió CFK en su libro “Sinceramente”. Y recalcó que lo fue “en todo sentido: simbólico, económico y político”.
El odio del poder mediático, especialmente de Héctor Magnetto que perdió el gran negocio de las AFJP, no se conforma con el fallo sino que pide que vuelva a la cárcel y que le anulen la presión domiciliaria. Como se recordará, en el mes de abril el juez Daniel Obligado decidió que en atención del “actual contexto mundial de emergencia sanitaria”, la cumpla en su casa junto a su familia.
En las últimas horas, la militancia del Frente de Todos empezó a manifestarse en las redes sociales para repudiar la decisión de la Corte y marchar a Tribunales en horas de la tarde. Desde el peronismo habia indignación en la militancia donde se le pide al gobierno que ponga un freno al lawfare.
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