La asociación Justicia Legítima consideró que la Corte Suprema buscó “favorecer determinados intereses políticos-partidarios”, a través del fallo mediante el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en materia educativa, al permitir el dictado de clases presenciales, a pesar de los contagios y muertes por el coronavirus.
Asimismo, la entidad judicial oficialista expresó su “sorpresa y honda preocupación”, e insistió en que “resulta imperiosa la necesidad de una profunda reforma judicial”. “Lo que pase sanitariamente en la Ciudad, repercute en todo el territorio argentino”, dijo al inicio de un comunicado.
“Frente a esta realidad, es obvio que las decisiones en materia de salud corresponden al Gobierno Nacional”, opinó Justicia Legítima, para luego agregar: “Impedir, transitoriamente, la presencialidad educativa es una decisión en materia de salud”.
La asociación lamentó que el máximo tribunal asegure que “los fundamentos dados por el Gobierno Nacional en su decreto de Necesidad y Urgencia no son suficientes”. Justicia Legítima sostuvo además que “es elemental que esos fundamentos no son materia opinable que puedan ser revisados por el Poder Judicial. Son típicas cuestiones no justiciables. Pero, aún más, los fundamentos son públicos y notorios”.
“Un crecimiento exponencial de casos y una capacidad hospitalaria cerca del límite, obligan a tomar medidas, por supuesto que temporales. Eso debería estar fuera del alcance de la esfera de los Tribunales”, remarcó.
En los últimos tramos del comunicado, afirmó que “la preocupación de Justicia Legítima parte de verificar que, ante la meridiana claridad de la situación fáctica, la Corte avanzó sobre competencias ajenas, poniendo en peligro la republicana división de poderes”.
Finalmente, la organización planteó que “las decisiones políticas son del Poder Ejecutivo, no del Judicial. Esto pone en riesgo la convivencia democrática de los argentinos. Y eso es extraordinariamente grave”.