A pesar de que la Cámara Comercial le rechazó un planteo y confirmó que el Correo Argentino debe seguir intervenida por irregularidades en el proceso del concurso de acreedores, el Grupo Macri sigue apretando el acelerador en su embestida para evitar la quiebra de la empresa y seguir sin pagar su multimillonaria deuda.
En el marco de esta ofensiva, la familia del ex presidente Mauricio Macri presentó tres escritos destinados a frenar la investigación que puso en foco las operaciones de vaciamiento de la firma, la relación sospechosa con el Meinl Bank (un banco austríaco investigado por lavado de dinero y al que se le quitó la licencia) que figura como su principal acreedor, y otras maniobras para manipular mayorías que necesitaría para salvarse.
Según revela Irina Hauser en Página/12, las presentaciones intentan denostar a la fiscala de Cámara Gabriela Boquin, y amenazan con llevar toda la discusión al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, que pertenece a una jurisdicción ajena a la Justicia nacional, porque ahí los Macri confían en que encontrarán aliados.
Concretamente cuestionan a Boquin, que fue quien denunció el posible pacto espurio con Mauricio Macri de los dos lados del mostrador, para que la empresa fuera eximida del 98,87 % de la deuda. Dicen que se excede en sus funciones, que los perjudica y que su último dictamen se emparenta con la “prensa amarilla”. Ellos -que desde hace dos décadas dilatan con colaboración judicial el concurso- dicen tener un comportamiento ejemplar.
El Correo primero tuvo un coadministrador, y luego la Justicia decidió su intervención ante la multiplicación de anomalías detectadas en el proceso concursal. La interventora actual, Flor Inés Farber, designada en marzo del año pasado, es sistemáticamente rechazada porque -entre otras cosas- denunció manejos de la empresa con gastos dudosos que no sólo se remontan a tiempos pasados, sino al año 2020.
El Correo es una empresa que en los papeles está inactiva, y tiene una gran deuda con el Estado y con privados, que se acerca a los $ 6.000 millones. Por fuera de eso, fue multiplicando además un pasivo adicional que cuya magnitud no se pudo determinar. El fallo de la Cámara habla de al menos $ 191.997.055, parte del cual había sido ocultado hasta que fue designada una coadministración.
En parte son deudas con las firmas del mismo grupo Macri, Socma y Sideco, con las que surge una relación poco transparente, según señala el fallo. A eso se suman deudas impositivas que escalarían a $ 600 millones, señalados en un dictamen de Boquin en el que se apoya el tribunal.
“El dictado de la medida (la intervención), desde la visión de este tribunal, resulta adecuado a los efectos de controlar el desempeño de la deudora en este tramo del procedimiento de cramdown (salvataje) donde no debería aumentar el pasivo, por lo cual deben despejarse las situaciones que pudieran conducir a ello”, dicen las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini.
Y señalan “relaciones de la concursada con su accionista y ex accionista que en este estadio procesal necesitan ser controladas por el magistrado concursal a través de sus auxiliares, en este caso de la figura del interventor”. En la actualidad está pendiente la definición del salvataje, y la posible declaración de quiebra por parte de la jueza de primera instancia, Marta Cirulli.
El acreedor principal es el Estado, y entre los privados figura el controvertido Meinl Bank, que compró parte de la deuda del Correo entre 2005 y 2006: la Corporación Financiera Internacional le cedió su acreencia por 57,9 millones de dólares y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo lo propio por 62,7 millones de dólares. Como gestora habría participado una offshore, también ligada a los Macri, llamada Mervet. Con la conformidad de ese banco austríaco quebrado y denunciado, el Correo de la familia del ex presidente pretende pagar una sexta parte de su deuda real y salvarse de quebrar.
Todo esto es parte de lo que se ordenó investigar en la última resolución de la jueza Cirulli, además de los desvíos de dinero ligados con Socma y Sideco. Son todas operaciones que podrían demostrar un posible fraude concursal.