La falta de pruebas y las mentiras de Iguacel llevan a que la causa Vialidad se caiga a pedazos

El ex interventor de Vialidad Nacional durante el macrismo, Javier Iguacel, terminó las dos jornadas que llevó su declaración testimonial, sosteniendo acusaciones que ya fueron demolidas en los dos años y medio de audiencias del juicio oral por las obras viales de Santa Cruz, y que tenía como burdo objetivo, culpar a Cristina Kirchner.

Según precisa hoy el periodista Raúl “Tuny” Kollmann en Página/12, el ex funcionario ultramacrista dijo que una empresa de la misma provincia -como la de Lázaro Báez- no tenía ninguna ventaja sobre las demás, mientras que la mayoría de los empresarios y funcionarios que dieron su testimonio en el juicio, sostuvieron lo contrario: Báez ganaba la mayoría de las licitaciones porque era una enorme ventaja tener los empleados y la maquinaria en Santa Cruz, y no tener que llevar el personal y las máquinas a 2 mil kilómetros de distancia.

Y mientras Iguacel sostuvo que las licitaciones fueron amañadas, los empresarios de la construcción afirmaron que no vieron irregularidades y, por lo tanto, no había razones para presentar denuncias.

Como muestra de la debilidad de sus forzadas argumentaciones en las diez horas que duró su testimonio, el actual intendente de Capitán Sarmiento señaló un grupo constructor que hacía de sparring de Báez, o sea que las ofertas eran truchas y era un grupo económico cómplice, pero no presentó una denuncia.

Asimismo, sostuvo que expropiar terrenos o mover oleoductos para que una ruta pase por el lugar era algo sencillo, contradiciendo a todos los empresarios y funcionarios que, cuando declararon, precisaron que esos obstáculos demoraban largamente las obras.

Por otra parte, también habló de sobreprecios, pero sin poner ningún ejemplo concreto, y a lo largo de su extenso testimonio, nunca mencionó a Cristina Kirchner ni la vinculó con ningún delito o irregularidad.

Vale recordar que Iguacel asumió al frente de Vialidad Nacional el 18 de enero de 2016. Al día siguiente ordenó una auditoría, pero no en todo el país, sino en un único distrito: Santa Cruz. Su objetivo, desde un primer momento, fue el kirchnerismo y, en particular, la actual vicepresidenta.

Pese a que la auditoría concluyó en que no se pagaron obras que no se hicieron, que las obras estaban bien hechas y que tenían el mismo atraso que en otras provincias, Iguacel hizo la denuncia originaria que derivó en el juicio que se inició en mayo de 2019. En el juicio, ante una pregunta de Juan Villanueva, defensor de Báez, reconoció que fue la única auditoría que se hizo y que esas fueron las conclusiones.

La causa judicial se centra en que las empresas de Báez ganaron 51 de las 81 licitaciones que se hicieron en Santa Cruz por tramos de distintas rutas. “Los empresarios me dijeron que las licitaciones estaban amañadas”, sostuvo Iguacel el primer día de su declaración.

Por el juicio pasaron numerosos empresarios: ninguno dijo bajo juramento lo que afirmó Iguacel. Tampoco se presentaron denuncias en su momento, pese a que Báez era un adversario de los empresarios integrantes de la Cámara de la Construcción. Tampoco Iguacel pudo presentar ninguna prueba.

Otra de sus llamativas apreciaciones, fue cuando aseguró que una empresa local de cada provincia -en este caso Santa Cruz- no tiene ventajas sobre otras empresas de otros distritos. Hasta se mencionó que una constructora del Chaco no estaría en desventaja con una santacruceña en una obra vial del sur.

Los empresarios y hasta los propios funcionarios macristas afirmaron lo contrario: la empresa que tiene a los trabajadores y las maquinarias en el lugar cuenta con una enorme ventaja, y por lo tanto puede hacer ofertas mejores que las constructoras que vienen de otros distritos.

Uno de los empresarios ejemplificó que eso es así porque si una máquina se rompe, no es lo mismo tener el mecánico en el lugar, que mandar la pieza para repararla a talleres que están a dos mil kilómetros. Se pierde dinero y muchos días de tener una máquina parada. Y así sucede con la mayoría de los costos: no es igual tener los trabajadores e ingenieros en el mismo distrito, que moverlos desde el Gran Buenos Aires hacia el sur, donde además hay varios meses en los que no se puede trabajar por el viento y el frío.

En tano, uno de los puntos clave de la postura de Iguacel es que existía un sistema por el cual Báez era el único constructor que cobraba adelantos. El ex funcionario dijo que eso se lo contó el ex gerente de Vialidad, Sergio Passacantando, quien también le reveló que el secretario de Obras Públicas, José López -el de los millones de dólares en el convento- le mandaba papelitos para que le pague a Báez hasta los domingos. Passacantando no declaró en el juicio porque está imputado en una segunda tanda de ex funcionarios, de manera que no hay forma de comprobar lo que dijo Iguacel.

Los empresarios que declararon en el juicio sostuvieron que los adelantos eran un mecanismo común, muy habitual en casi todas las obras. Además, está permitido por la ley y figura en los pliegos licitatorios.

Un dato impactante es que Iguacel se refirió a un listado de empresas que tenían privilegios. Cuando le preguntaron de dónde salió esa nómina, contestó que era un adjunto de un mail, pero no exhibió el correo porque no lo tenía y no pudo explicar por qué. Esa lista tiene apuntes escritos a mano, y reconoció que la letra corresponde a un ladero suyo, del PRO, el ingeniero Alejandro Mon. Todo esto fue ocultado durante todos estos años, como si todo proviniera de los funcionarios del gobierno de Cristina.

Asimismo, Iguacel repitió varias veces que las rutas de Santa Cruz tenían sobreprecios hasta del 50 %, pero no lo pudo fundamentar. Hizo hincapié en la obra clave de Santa Cruz, la transformación de un tramo de la ruta 3 en una autopista. Sin embargo, sus comparaciones hicieron agua en toda la parte técnica, comparando pavimentación con asfalto especial con pavimentación con asfalto común y otras diferencias similares.

A pesar de que la declaración de Iguacel tuvo una marcada orientación política, no mencionó a Cristina Kirchner, supuestamente la principal imputada en esta causa. Ante una pregunta del abogado de Julio De Vido, Gabriel Palmeiro, Iguacel admitió que no encontró ningún reclamo hecho ante De Vido ni que el ex ministro haya intervenido en la cuestión de las rutas de Santa Cruz.