Denuncian a Larreta por violencia institucional a personas en situación de calle y crece el escándalo de las escuchas ilegales en CABA

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación afirmó ayer que interpondrá un habeas corpus colectivo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por situaciones de “violencia institucional contra las personas en situación de calle” y para que se generen “acciones inclusivas” en torno a ese grupo social.
Así lo indicó la Secretaría en su cuenta de Twitter, luego de que el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, recibiera a miembros de la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle (PSC), quienes le expresaron “preocupación por los reiterados casos de violencia institucional contra las personas en situación de calle por parte del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (GCBA)”.

La Asamblea Popular de PSC es un colectivo de organizaciones sociales, políticas y comunitarias que luchan por los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de estar.
Según informaron desde el organismo gubernamental que conduce Horacio Pietragalla Corti, los representantes de este colectivo “entregaron fotos y videos de casos concretos, en donde personal de Espacio Público, con mucha violencia se lleva en camiones las escasas pertenencias de estas personas, las echa de donde paran y las amenaza para que no regresen”.
“Ante la gravedad de la situación, la Secretaría de Derechos Humanos va a interponer un Habeas Corpus Colectivo con el fin de que se ordene al GCBA cesar con estas conductas y pensar acciones inclusivas para las personas en situación de calle”, aseguraron.

Denuncia Penal. Paralelamente, el juez Andrés Gallardo, que fue separado de la investigación del uso indebido de datos biométricos del Gobierno porteño por el Tribunal Superior de Justicia, decidió doblar la apuesta y presentó la información en la justicia federal de Comodoro Py por posible violación de la ley de Inteligencia.

“La información recolectada hasta ahora permite observar el posible uso indebido de los datos biométricos por parte de ciertos dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA”, sostuvo el juez Gallardo en el oficio que envió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para el sorteo de la denuncia. 
En el oficio recordó que “el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos” debía ser empleado únicamente para “tareas requeridas por el Poder Judicial de la Nación, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también para detección de personas buscadas exclusivamente por orden judicial, registradas en la Base de Datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc)”. De acuerdo a la normativa vigente, “salvo orden judicial, se encuentra prohibido incorporar imágenes, datos biométricos y/o registros de personas que no se encuentren registradas en el Conarc”.

Sin embargo, el sistema al parecer no funcionó como debía. En los últimos días, Gallardo recibió resultados de un peritaje de Policía de Seguridad Aeroportuaria que asevera que “existen personas que no deberían encontrarse en la base de datos del SRFP”. El informe también señaló que “las alertas emitidas por el SRFP a los distintos oficiales de policía para la detención de personas, son remitidos a través del programa de mensajería instantánea Telegram indicando que no es seguro para el tratamiento de datos personales sensibles”.

Gallardo apuntó su denuncia contra Marcelo D´Alessandro  (ministro de Justicia y Seguridad de la CABA); Gastón Leopoldo Navarro (subsecretario de Tecnología e Informática del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA); Cecilia Inés Amigo (coordinadora del Plan Integral de Videovigilancia de la CABA, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA); y Mariano Córdoba (Jefe de Sistemas de la Subsecretaría de Tecnología e Informática en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA).