El Grupo Clarín obtuvo una nueva medida cautelar que prorroga por 6 meses la decisión para que el grupo cobre lo que quiera por sus servicios de internet, cable y celular. Gracias a la ayuda de jueces amigos, el holding que comanda Héctor Magnetto tiene frenado hace más de un año y medio el decreto del presidente Alberto Fernández que estableció que las telecomunicaciones son “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” y que sus precios serán regulados por el Estado.
El caso está en la Corte Suprema desde hace 15 meses, pero sin embargo el llamado máximo tribunal de Justicia solo movió el expediente hace unos días para habilitar la intervención de Carlos Rosenkrantz, ex abogado de Clarín.
Es más que evidente que no tienen apuro alguno, teniendo en cuenta que ahora tienen medio año más para acumular ganancias extraordinarias que reparten en dólares.
En El Destape se destaca que una de las claves de las ganancias extraordinarias del Grupo Clarín son estos favores judiciales, que el propio presidente Fernández lo describió como un “un acto de complicidad judicial con el poder económico real” al referirse a que la Corte no resuelve la medida cautelar que le permite a Magnetto y a sus socios no cumplir con el decreto 690 que el presidente rubricó el 21 de agosto de 2020.
Esa demora no es estéril: significa ganancias extraordinarias para Magnetto y sus socios. Cablevisión Holding, la firma del Grupo Clarín que maneja sus negocios de cable, internet y telefonía celular, informó hace unas semanas que repartió 397 millones de dólares en dividendos a sus accionistas entre 2020 y 2021.
Esta nueva prórroga para Telecom, donde se concentran los negocios de telecomunicaciones del Grupo Clarín, la firmó la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre. Llega a los pocos días de que la Corte avalara que uno de sus miembros, Rosenkrantz, intervenga en el caso a pesar de ser ex abogado de Clarín.
El decreto 690 establece que los servicios de telecomunicaciones son “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” y que sus precios serán regulados por el Estado. El Grupo Clarín judicializó este decreto. Primero lo hizo en enero de 2021, en plena feria judicial, pero el juez Walter Lara Correa rechazó dictar una cautelar para suspenderlo. La empresa apeló y en abril de 2021 logró un fallo a favor de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, firmado por los camaristas Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira.
Por su parte, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) apeló el fallo, pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegara a la Corte. Y fue así que el Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, el último recurso.