Hoy se puso en marcha la etapa de producción de pruebas en el marco del juicio político que se sigue a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsado por el presidente Alberto Fernández, y fiel a su costumbre en cuanto a montar siempre un show mediático, diputados de Juntos por el Cambio que pertenecen a la Comisión de Juicio Político se retiraron del recinto, confirmándose así la defensa corporativa de la alianza opositora con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Así, los legisladores denunciaron “severas irregularidades” en el proceso judicial contra el máximo tribunal del país: “Consideramos necesario presentar por este medio un detalle de todas las severas y peligrosas irregularidades que se han desarrollado puesto que, a nuestro juicio, se encuentra en riesgo el Estado de Derecho, el respeto a las garantías individuales de los ciudadanos y la responsabilidad internacional del Estado argentino como consecuencia de la violación de derechos y garantías consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos”.
Lo hicieron a través de un documento dirigido a la presidenta de la cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que lleva la firma de los legisladores Juan Manuel López, Mario Negri, Graciela Ocaña y Paula Oliveto, entre otros.
Los diputados opositores se mostraron en contra de la nueva etapa en el juicio que empezó hoy, asegurando que las audiencias de producción de prueba, en este caso, son una “excursión de pesca”, ya que la citación de los testigos es “ambigua e imprecisa”.
“Se ha configurado una flagrante violación al debido proceso puesto que se ha habilitado la producción de prueba que afecta derechos fundamentales de los ciudadanos sin la correspondiente intervención judicial. Consiguientemente, se ha convertido al Congreso de la Nación en un órgano capaz de ejercer ‘actividades de inteligencia ilegal'”, añade el escrito.
Asimismo, los legisladores firmantes consideran que la producción de prueba que fue ordenada “viola el derecho a la intimidad de las personas y que, por tanto, ni siquiera podría ser obtenida con la intervención del Poder Judicial”.
Tras la presentación de López, los legisladores de la oposición abandonaron el recinto.
“Una pena que no se pueda argumentar en esta comisión y que hayan recurrido a este argumento, que ya lo conocimos varias veces en el recinto. Cuando uno tiene pocos argumentos, lo mejor es levantarse e irse”, expresó el diputado Germán Martínez, del Frente de Todos. “Sin prueba producida no hay posible perjuicio y sin posible perjuicio no hay ningún margen de acción de nulidad”, dijo.
Sin embargo, después del circo que protagonizaron, habiéndose retirado del recinto por más de dos horas, los diputados de Juntos por el Cambio regresaron a la comisión.
El testimonio de dos jueces
En tanto, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, fue convocado como testigo porque intervino en una de las causas que investigó denuncias relacionadas con las conversaciones filtradas entre el ministro de Seguridad porteño -en uso de licencia- Marcelo D’Alesandro y el asesor judicial Silvio Robles.
Ramos Padilla se declaró incompetente, pero dejó sentado en su resolución que no estaba acreditado que los chats provengan de espionaje ilegal, en los términos de las leyes vigentes. Tras ello, derivó la causa a Comodoro Py.
Al inicio de su exposición, el juez de La Plata recordó que en 2019 fue sometido a un juicio político porque haber sido nombrado en las conversaciones entre presos del Penal de Ezeiza que fueron filtradas. Entre los detenidos se destacaban Amado Boudou y Julio de Vido.
“En la discusión de la admisibilidad de los chats filtrados en juicios políticos les traigo este precedente, que es mi caso”, dijo el magistrado.
Uno de los momentos más álgidos de la comisión fue cuando el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, le preguntó si tenía vínculos con el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof. Sin nombrarlo, el juez le recordó que fue Mauricio Macri, integrante de su alianza, quien se reunió con jueces en la Quinta de Olivos.
“Es buena la pregunta, porque una de las cosas que hemos visto en el último tiempo fue la visita de jueces a la Quinta de Olivos. Considero que es importante que se haga esa aclaración: al presidente Alberto Fernández no lo conozco; a la vicepresidenta la he visto tres veces, pero no me registró, creo. Uno fue en 2003 cuando se hizo el velorio a Alfredo Bravo en esta cámara, otro fue en un homenaje a Chicha Mariani (fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo), y otro fue cuando se hizo un acto por la identificación de los cuerpos en las Islas Malvinas. Al gobernador Kicillof no lo conozco”, respondió Ramos Padilla.
Mientras se desarrollaba la reunión, según informó el diputado Rodolfo Tailhade, se filtraron chats entre Sebastián Ramos y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño quien semanas atrás pidió licencia por la repercusión que generó la filtración de chats con otro funcionario judicial: Silvio Robles, mano derecha del supremo Horacio Rosatti.
Ramos Padilla también opinó sobre el accionar de su par Sebastián Ramos y señaló que un juez debe hacer un análisis de la legalidad y de la conclusión a la que arriba el fiscal. “No se puede presurosamente concluir que es espionaje. Los automatismos permiten el abuso de autoridad”, detalló.
Justamente, el juez federal de la Ciudad de Buenos Aires, Sebastián Ramos, decidió archivar una de las causas por las conversaciones filtradas entre D’Alessandro y Robles. Entre otros puntos, argumentó que la prueba (las filtraciones) tenía “origen ilícito”.
Al respecto, los diputados del Frente de Todos insistieron en que explicara por qué no ordenó nuevas medidas de prueba antes de archivar la investigación, a lo que el magistrado contestó que se guió por lo resuelto por el fiscal Carlos Stornelli. También le preguntaron si tenía alguna relación con Marcelo D’alesandro, y el juez Ramos contestó negativamente.