Mientras opositores y medios festejan, el Gobierno apela el fallo que obliga a pagar por la expropiación de YPF

El Gobierno argentino apelará “inmediatamente” el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien se inclinó a favor un fondo buitre en su demanda contra la nacionalización de la petrolera YPF.

La decisión de la administración de Alberto Fernández de salir al cruce del juicio realizado en Nueva York -y que le podría costar unos 16.000 millones de dólares al país- será llevado adelante por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT, que representa a la Argentina.

“El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska”, anunció hoy la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, a través de las redes sociales, y confirmó que “el presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro”.

“Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, apuntó la funcionaria.

Y mientras la oposición y los medios hegemónicos festejan el fallo de la jueza estadounidense, existe consenso en cuanto a que la decisión de haber expropiado YPF fue correcta desde todo punto de vista, ya que hoy no habría Vaca Muerta si la empresa seguía en manos extranjeras que solo fugaban y no invertían ni exploraban.

La jueza de Nueva York, que sucede al fallecido Thomas Griesa -el inefable magistrado que le dedicó varios reveces al Estado argentino en demandas de bonistas y fondos buitres-, culminó el juicio que había iniciado el fondo Burford contra la reestatización de la petrolera nacional.

Si bien la magistrada ya había fallado contra la Argentina en marzo último, durante tres días del mes pasado escuchó los argumentos de ambas partes para establecer un monto indemnizatorio que en rigor no tiene plazo.

La jueza rechazó todos los planteos de Argentina y aceptó todos los de Burford, un fondo que compró a accionistas privados el derecho a litigar contra Argentina e YPF por la expropiación. En la anterior instancia, Preska había desligado a YPF.

Ahora, Preska les dio la razón a los buitres. No fijó una cifra precisa de indemnización, sino que ordenó a las partes a presentar “una propuesta de sentencia consistente”. Pero se mostró a favor de tres planteos claves de los demandantes: la fecha que se toma como referencia de la toma de control de YPF, la tasa de interés a aplicar y la forma de cálculo del monto de la indemnización.

La jueza había determinado que el Gobierno argentino debió haber realizado en 2012 una oferta pública a todos los accionistas de YPF y no solamente a Repsol, que tenía la mayoría del paquete.

En cambio, Burford sostenía que la indemnización debía pagarse en base al precio de las acciones el 16 de abril de 2012, cuando Cristina Kirchner y Axel Kicillof tomaron el control de YPF (unos 8.300 millones de dólares).

Para el Gobierno la fecha debía ser el 7 de mayo de 2012, cuando se aprobó la expropiación. Para ese momento el precio de la acción había caído un 25 %, por lo que la indemnización debía estar en torno a 5 mil millones.

Pero, además, Argentina le había pedido a Preska no pagar intereses retroactivos a Burford, que reclamaba un 8% anual. La jueza le otorgó la razón al fondo: la cotización de las acciones debe tomarse el 16 de abril y Argentina debe pagar un interés retroactivo del 8% anual. En el Gobierno estiman en unos 7 mil millones de dólares extra.

Por lo tanto, el monto que deberá pagar el país está muy por encima del valor actual de YPF, estimado en el mercado en alrededor de 12 mil millones de dólares.

El fondo buitre Burford compró el derecho a litigar contra Argentina a Petersen Energía, una empresa creada por los Eskenazi (ex dueños de Repsol YPF) que se fue a la quiebra en España. El fondo inglés pagó 15 millones de euros y un 30% de la indemnización.

Por lo tanto, Burford Capital no fue víctima de ninguna expropiación cuando el gobierno de Cristina Kirchner oficializó la recompra del 51% de las acciones de YPF en 2012, sino que se trata de un fondo que recompró los derechos de litigio a otros acreedores.

Fundado en 2009 por el ex vicepresidente y director jurídico de Time Warner, Christopher Bogart, el fondo Burford financió el reclamo desde el inicio del litigio, en 2015, y se convirtió en el más duro litigante contra la Argentina.