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La Plata
23 febrero, 2024
PAÍS

Muy grave: un grupo de militares pide cerrar la Secretaría de DD.HH y terminar con los juicios por crímenes de lesa humanidad

A días de la asunción del nuevo gobierno libertario, negacionista de los 30.000 desaparecidos, un grupo de militares pidieron que se cierre la Secretaria de Derechos Humanos y se termine con los juicios por crímenes de lesa humanidad que son una “venganza” para “humillar a quienes participaron de la guerra antisubversiva”.

En un comunicado de la Unión de Personal Militar Asociación Civil, admiradores de Victoria Villarruel, con posturas negacionistas y con la insistencia que liberen a todos los detenidos, le pidieron al presidente electo Javier Milei que cumpla con lo prometido y vaya por más. La organización reclamó que elimine la Secretaría. “Lejos de velar por el cuidado de los derechos esenciales de todos los habitantes de República Argentina, solo se ha dedicado a impulsar como querellante los llamados “juicios de lesa humanidad”, que no son más que la “máscara” de la JUSTICIA VENGANZA que sirvió y sirve para humillar al personal militar, de fuerzas de seguridad y policiales, que participaron en la guerra antisubversiva de los años 70”, sostuvo.

Además del pedido general, la Unión de Personal Militar apuntó contra un abogado y dos peritos de la Secretaria de Derechos Humanos, quienes se encargan de realizar las juntas médicas en casos de pedidos de prisión domiciliaria o de que algún acusado pida ser apartado por cuestiones de salud.

En varias ocasiones, las pericias de estos especialistas lograron revertir decisiones que beneficiaban injustamente a represores. Es por eso que la organización consideró que son “indignos de su profesión” al señalar que “someten injustamente a los agentes del Estado imputados en dichos juicios a dictámenes tendenciosos y apartados de todo rigorismo jurídico y científico, con el propósito de imponer la teoría que ellos llaman impunidad gerontológica”.

La UPMAC es una organización civil creada en 2002 e integrada por militares retirados y en actividad de las tres armas. La comisión directiva está encabezada por el coronel retirado del Ejército Francisco Verna y también la integran oficiales retirados de la Marina y de la Fuerza Aérea.

Si bien no es la primera vez que sostienen estas posturas públicamente, el cambio de gobierno y la llegada al Estado nacional de referentes negacionistas, como la vicepresidenta electa Victoria Villarruel, le da un peso aún mayor. Años atrás la UPMAC también se presentó ante organismos internacionales para denunciar la “persecución” y la “detención arbitraria” de los exmilitares que son investigados y enjuiciados por su participación en el terrorismo de Estado.

Trabajadores de Espacios de Memoria. En las últimas horas los 600 trabajadores dependientes del Ministerio de Justicia se movilizaron para pedir la renovación de sus contratos. “No somos casta, somos trabajadores”, dice la consigna de la manifestación que se realizará desde las 9.30 en la puerta de la sede de la cartera ubicada en Sarmiento 321, en el microcentro porteño.

Se trata de trabajadores de los Sitios de Memoria Atlético, Virrey Cevallos, Olimpo y Orletti, lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico militar.

En un comunicado difundido en las últimas horas, los trabajadores expresaron: “Los Sitios de Memoria dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación denunciamos que al día de la fecha, 600 trabajadores y trabajadoras con contratos anuales bajo la modalidad Artículo 9 (resolución 48), no han firmado la renovación de sus contratos como sí ha sucedido en otros ministerios”.

Los trabajadores explicaron que en los Sitios de Memoria “hay más de 40 compañeros y compañeras bajo esta modalidad laboral y representan casi el 90% de la totalidad de trabajadores» e indicaron que el ministro de Justicia saliente, Martín Soria, «se niega a renovar estas contrataciones”.

“Exigimos la inmediata firma de los contratos. De no ocurrir esto hacemos responsable al Ministro Soria y a este Gobierno por el vaciamiento de las políticas públicas de Memoria Verdad y Justicia. Frente a estos ataques y los que promete el nuevo gobierno negacionista, decimos que vamos a defender cada puesto de trabajo y cada Espacio de Memoria”, puntualizaron los trabajadores.

 

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