El Gobierno finalmente consiguió los acuerdos necesarios para que la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados tenga quórum para tratar lo que queda de la Ley Ómnibus. Eso es lo que le garantizaron a La Libertad Avanza los diputados de los bloques “amigables” tras un arduo proceso de negociaciones que incluyó amenazas, aprietes y extorsiones mediáticas -y en persona- por parte del Poder Ejecutivo a los legisladores y gobernadores que exigieron cambios para aprobar la megaley en general.
Todos los debates se registran en un clima enrarecido y de prácticas que tienen en vilo al sistema político. En ese marco, el diputado de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, denunció en las últimas horas que por no apoyar algunos puntos de la ley habrá “carpetazos” y “campañas de desprestigio a distintos diputados”. Y señaló como responsable al propio Javier Milei.
“Es gravísimo lo que preanuncia el diputado Massot. Es una irresponsabilidad que el oficialismo pretenda sesionar en este contexto de amenazas y aprietes”, remarcó el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. A los repudios se sumaron legisladores de diversos espacios opositores.
El hecho es que la UCR y Hacemos Coalición Federal se comprometieron a dar quórum y a acompañar en general la megaley, prometiendo llevar sus diferencias a las discusiones en particular. Será una sesión maratónica que, calcula, se extenderá por más de 35 horas. El oficialismo pretende que la votación en general se realice hoy mismo, y la votación en particular mañana, pero sin embargo nada está garantizado.
Durante las últimas semanas, en el Congreso se vivieron situaciones insólitas, con actitudes y desmanejos por parte de funcionarios del Gobierno que legisladores de todos los bloques -incluso los colaboradores- no podían terminar de comprender.
En lugar de habilitar mesas de negociación -el Ejecutivo lo necesita porque solo tiene 38 bancas en Diputados- se dedicaron a apretar, a través de los medios, las redes sociales y también cara a cara, a legisladores que estaban dispuestos a acompañar la ley en general.
El propio Milei los había acusado de “coimeros”, de “idiotas útiles”, de “izquierdosos” y de “valijeros”. El presidente también amenazó a los gobernadores diciendo que les iba a cortar los fondos para las provincias si no salía la Ley Ómnibus, y lo mismo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo.
Con el megaproyecto de ley desmembrado por la falta de apoyos, Milei tiene como objetivo central que se aprueben las privatizaciones de empresas públicas. “Si no salen las privatizaciones tal como lo pedimos, preferimos que no haya sesión y ustedes pagarán el costo ante la opinión pública”, les habría dicho el asesor presidencial Santiago Caputo a los legisladores de la UCR y de Hacemos Coalición Federal, el lunes, en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
Allí se habría deslizado también que, si la ley no prospera, desde LLA utilizarán a Milei y “su capacidad en las redes” para atacar a los legisladores.
En la maratónica sesión que arrancará esta mañana, tras quitar el capítulo fiscal y el sistema de actualizaciones de jubilaciones, los principales puntos del dictamen de mayoría que se debatirán serán la declaración de emergencia pública, la reforma del Estado, y las privatizaciones de empresas públicas.
En cuanto a las facultades delegadas, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de once a siete materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, aunque aún había un pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.
Sobre las privatizaciones, el Poder Ejecutivo propone vender todas las empresas públicas -con excepción de YPF- y en el caso de Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.