El Gobierno formalizó este lunes la propuesta de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A través de dos publicaciones en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo concretó la postulación de los magistrados para ocupar el lugar disponible en el máximo tribunal, que se liberó tras la salida de la ex ministra Elena Highton de Nolasco.
Si bien hace más de un mes que se conoció la propuesta del Gobierno, duramente criticada por sectores del oficialismo y de la oposición por la propuesta de Lijo, en definitiva, dependerá de la Cámara de Senadores aceptar o no a los postulados, luego de su correspondiente tratamiento en comisiones. Se estima que todo el trámite tardará meses para llegar a su epílogo sobre finales de este año.
La Corte Suprema cuenta en la actualidad con cuatro integrantes: Horacio Rosatti (que ejerce la presidencia), Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkranzt.
El plan de Javier Milei es que Lijo cubra la vacante que existe desde que se jubiló Highton de Nolasco. En el caso de García-Mansilla, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, el presidente lo propuso por anticipado porque pretende que ocupe el lugar que dejará a fin de año el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, quien cumplirá 75 años en diciembre y por lo tanto no podrá seguir ejerciendo el cargo, al llegar al límite de edad.
Bajo la titularidad del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, se estableció que “en el marco de lo establecido en el artículo 4º del Decreto Nº222/03 (modificado por Decreto N°267/24), se hace saber que, a efectos de cubrir la vacante de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha propuesto al juez federal Ariel Lijo y al jurista Manuel García-Mansilla”.
En ambos casos se destacan los estudios, posgrados y antecedentes laborales de los magistrados. En tanto en el artículo segundo de la norma se deja establecido que para la preselección de los candidatos se tuvo en cuenta “el prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función”.
Además, se detalla que “los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de 15 días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Justicia por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos”.
Sin embargo, se aclara que “no serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento que establece el artículo 2º del presente o que se funden en cualquier tipo de discriminación”.
En los considerandos, se indica que Ariel Oscar Lijo, actual Juez Federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la Capital Federal, “se destaca por su experiencia en la investigación de delitos complejos como corrupción, narcocriminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia, entre otros”.
Desde que el nombre de Lijo sorprendió a opositores y oficialistas, los cuestionamientos que más se hicieron oír fueron los de varias instituciones vinculadas al derecho. Algunas de ellas fueron la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Ambas presentaron sus rechazos y pidieron que los candidatos a cubrir los cargos en la Corte sean “juristas relevantes e imparciales”, no como Lijo y García Mansilla.
En tanto, las críticas más fuertes a García Mansilla provinieron de los sectores más progresistas, que cuestionaron la postura abiertamente antiabortista del candidato y sus estrechos vínculos con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica.
Durante el debate de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en 2019, el magistrado se presentó en el Congreso y dijo que “el aborto es un delito”.
También fue uno de los magistrados que, durante el gobierno de Alberto Fernández, se pronunció en contra de la intervención de la firma Vicentín. Esta y otras posturas pro-libertad de mercado lo acercan a Carlos Rozenkantz, otrora crítico de la “justicia social”.