El juez federal Sebastián Casanello le otorgó un plazo de 72 horas al ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, para que cumpla en presentar “un informe sobre el destino final de la distribución de alimentos realizada en el marco del convenio suscripto con la Fundación Conin, junto con sus respectivos remitos firmados por los beneficiarios”.
No es la primera intimación que cursa el magistrado, pero todas las decisiones judiciales fueron apeladas por esa cartera.
En junio pasado el juez intimó a Pettovello a que presente un plan de distribución de los productos que todavía se encuentran almacenados en los depósitos de Villa Martelli (provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán).
En aquella oportunidad el ministerio informó que procedió a firmar un convenio con la Fundación Conin y dijo que los alimentos se distribuirían en coordinación con el Ministerio de Defensa.
El juez Casanello le exigió al ministerio que presente un informe del estado de distribución de “la leche en polvo marca Cotar y de las “pasas de uva habidas en el depósito de la localidad de Villa Martelli, PBA, productos que estarían próximos a expirar”.
En su nueva resolución, el juez pidió a Pettovello que presente copia de los convenios suscriptos con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires vinculados al plan de distribución de alimentos.
Ello de acuerdo a lo que informó el ministerio en su presentación del 1 de julio pasado. En caso de que hubiese comenzado su ejecución, le pidió que “remita un informe sobre su avance”.
En la misma resolución, el magistrado requirió los remitos correspondientes a la entrega de alimentos informado a fines de mayo y el remito de 4.430 kilos de harina de maíz entregados a la organización Conin de la localidad de Capital Sarmiento.
Durante la feria judicial de invierno la cartera que encabeza Pettovello fue intimada en dos oportunidades por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, para que cumpla con una cautelar y garantice el derecho a la alimentación.
Se trata del expediente que impulsa el CELS y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Esta causa tramita en paralelo a la denuncia penal que está a cargo de Casanello y la fiscal Paloma Ochoa en una denuncia que realizó el dirigente social Juan Grabois.