El gobierno nacional decretó que, a partir de mañana, los trabajadores ya no tendrán la obligación de aportar a las obras sociales del sector en que son empleados, para que después esos ingresos sean derivados a las empresas de medicina prepaga en caso de que así lo quieran. La decisión representa un duro golpe para los sindicatos, que perderán buena parte de su financiación y un beneficio para las prepagas que aumentarán su recaudación.
La Superintendencia de Servicios de Salud publicó este viernes en el Boletín Oficial una resolución que suprime la posibilidad de que un trabajador destine parte de sus aportes a una obra social para que esta luego transfiera esos fondos a una prepaga que brinda el servicio de salud. Es decir, a partir de ahora, los aportes de trabajadores y empleadores se dirigirán directamente a las prepagas.
“Dispónese la derivación directa de los aportes y contribuciones de los trabajadores bajo relación de dependencia, del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, y las cotizaciones de los beneficiarios adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes, a la entidad contratada oportunamente por el beneficiario a través del procedimiento de derivación de aportes”, establece el decreto firmado por el Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud, Roberto Luis Olivieri Pinto.
En un comunicado, la Superintendencia de Servicios de Salud argumentó la medida como parte del “reordenamiento del sistema” con el objetivo de que “todos los aportes” de los beneficiarios que actualmente se “triangulan” lleguen “de manera directa” a las empresas de medicina prepaga que eligen. “Esta medida pone fin a un sistema perverso diseñado para sacarle el dinero a los beneficiarios y alimentar cajas negras”, indicó la Superintendencia, dependiente del Ministerio de Salud.
Según la cartera de Salud, esta decisión provocará que “más de 1.300.000 titulares enviarán de manera directa sus aportes a su Agente del Seguro de Salud” y afectará a presuntos “sellos de goma” que “solo subsistían producto de la intermediación”. “No podrán continuar con un negocio de más de 30 mil millones de pesos por mes”, apuntaron.
De esta manera, el Poder Ejecutivo asegura haber puesto “fin a décadas de irregularidades y negociados en las triangulaciones entre Obras Sociales fantasmas y las Empresas de Medicina Prepaga, generando al beneficiario un ahorro ya que dejará de financiar el costo de la intermediación”.
Para el caso de los beneficiarios que decidan permanecer en la Obra Social de origen, se detalló que tendrán “60 días para realizar el trámite en el sitio de la Superintendencia” y será la obra social elegida “quien deberá brindar las prestaciones de salud”. “Esta medida histórica transparenta el sistema para siempre, permite que cada beneficiario sepa con claridad dónde destina sus aportes y deje de financiar cajas millonarias que no aportan valor y representaban el negocio de unos pocos”, se indicó.
En tanto, según reveló hoy el portal LPO, en el Ministerio de Salud estalló una pelea entre su titular, Mario Lugones, y Cecilia Loccisano, una funcionaria que le metió Santiago Caputo por una resolución que ordena el traspaso forzado a las prepagas de más de 6 millones de personas que tienen obra social.
El ministro de Salud no quiso firmar por temor a las denuncias, ya que es socio de los dueños del Sanatorio Güemes que tiene su propia prepaga. La misma excusa usó el superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, que alegó que, como viene de Osde, le puede caer el conflicto de interés por beneficiar a la prepaga.
Loccisano, secretaria de administración, tampoco quiso firmar. La mujer es la ex esposa de Triaca, y es quien maneja el ministerio entre las sombras, y olfateó una jugada de Lugones para hacerla pisar el palito.
Por eso, la resolución, que ya está firmada, recayó en Olivieri, que no tiene el rango para hacerse cargo de una medida semejante que no sólo afectará a millones de personas sino que comprometerá a las obras sociales a una situación de quiebra.