Luego de conocer la última encuesta de la prestigiosa consultora brasileña Atlas Intel junto a Bloomberg —donde el 63% de los argentinos desaprueba su gestión y apenas un 35,5% lo apoya (cuando en diciembre lo respaldaba el 44%)—, el presidente Javier Milei llegó desbordado a la Cámara de Diputados para darle apoyo a Manuel Adorni, su jefe de Gabinete.
Irascible, descontrolado, palabras como “chorros, corruptos, asesinos” salían de su boca como si estuviera en una tribuna de fútbol y no en el Congreso de la Nación. Mientras tanto, el jefe de Gabinete leía un aburrido texto sobre las supuestas “bondades” de los dos primeros años de gestión durante una hora y media, para luego limitarse a responder lo que le dictaban sus asesores.
Adorni no dijo nada sobre su crecimiento patrimonial vertiginoso. Su única respuesta fue un escueto “voy a probarlo en la Justicia”. No explicó sus viajes, los de su esposa, ni la compra de tres propiedades. Tampoco respondió sobre la estafa $Libra, las coimas en el área de Discapacidad, el famoso “3%” ni los créditos millonarios a funcionarios amigos del gobierno. Eso sí: confirmó que el bono de 70.000 pesos para los jubilados seguirá congelado, como hace dos años, consolidando una pérdida brutal del poder adquisitivo.
Con un discurso monótono, volvió a cargar contra la oposición y el kirchnerismo, al que calificó de “golpista” por impulsar leyes como el financiamiento universitario o la defensa del Hospital Garrahan. Incluso se jactó de que la motosierra permitió despedir a 65.000 trabajadores del Estado, como si el ajuste fuera un trofeo y no una tragedia social.
La diputada Miriam Bregman lo bautizó “Aloe Vera”, porque —según ironizó— todos los días se le descubren nuevas propiedades, y además lo acusó de ser cómplice del genocidio en Gaza. La respuesta del presidente fue a los gritos: “los asesinos son ustedes”, en una escena más cercana al desborde que al debate democrático.
El diputado Juan Marino fue el primero en remarcar que el funcionario “no había clarificado nada” y recordó que el Poder Legislativo tiene la facultad de evaluar la idoneidad moral de los funcionarios, exigiéndole respuestas que nunca llegaron.
Rodolfo Tailhade fue uno de los más punzantes. Con ironía, agradeció que Adorni no hubiera renunciado y le explicó que, en casos de enriquecimiento ilícito, la carga de la prueba se invierte: es el funcionario quien debe demostrar su inocencia. También lo interrogó sobre los viajes familiares a Bariloche, Río de Janeiro, Madrid e Iguazú durante 2024, preguntando cómo se financiaron.
Además, cuestionó por qué la esposa de Adorni cuenta con custodia desde hace años. El jefe de Gabinete esquivó cada respuesta y contraatacó: “ustedes no tienen derecho a pedir explicaciones judiciales”, para cerrar con un desafiante “no me van a intimidar”.
Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón llevó una pochoclera al recinto y repartió bolsitas de pochoclo, retratando con crudeza lo que muchos ya perciben: el Congreso convertido en un espectáculo grotesco montado por un gobierno que evita dar explicaciones mientras el país se hunde.
Mientras Milei grita y sus funcionarios esquivan respuestas, la realidad avanza sin anestesia: jubilados cada vez más pobres, trabajadores despedidos y un país que no encuentra rumbo. El problema ya no es solo el ajuste, sino un gobierno que, acorralado por sus propias contradicciones, reemplaza explicaciones por gritos. Y cuando el poder deja de responder y solo insulta, lo que queda no es liderazgo: es desesperación.