En los próximos días, Manuel Adorni deberá presentar la declaración jurada que prometió Javier Milei para intentar explicar un patrimonio que la Justicia observa con creciente atención. Pero mientras en Buenos Aires se acumulan preguntas sobre propiedades, gastos y movimientos financieros, en París dos figuras clave del entramado judicial y político argentino parecen tener otras preocupaciones.
El juez Ariel Lijo y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participan de las actividades del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de monitorear los sistemas de prevención del lavado de dinero. Entre reunión y reunión, acaso encuentren tiempo para pasar por el histórico Café de Flore, donde durante décadas debatieron Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Aunque difícilmente las conversaciones de los visitantes argentinos giren esta vez alrededor del existencialismo, la literatura o la filosofía. En los pasillos políticos se especula con temas bastante más terrenales: el futuro de las investigaciones que involucran a funcionarios del oficialismo y la suerte judicial de quienes hoy ocupan posiciones estratégicas dentro del Gobierno.
La presentación de la declaración jurada, anunciada semanas atrás por Javier Milei, llega en un contexto incómodo para la Casa Rosada. El funcionario deberá explicar cómo financió la compra de propiedades, costosas remodelaciones, viajes al exterior y un nivel de gastos que, según distintas investigaciones judiciales, resulta difícil de compatibilizar con sus ingresos declarados.
Las cuentas que no cierran
La declaración jurada de Adorni deberá responder interrogantes concretos: la adquisición de una vivienda en Caballito, una propiedad en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, las millonarias reformas realizadas en ambos inmuebles, los viajes familiares al exterior y un volumen de gastos personales que despierta sospechas.
Entre los puntos observados figuran:
- La compra de una casa en el country Indio Cuá por unos 120 mil dólares.
- La adquisición de un semipiso en Caballito por alrededor de 230 mil dólares.
- Reformas valuadas en más de 245 mil dólares, abonadas presuntamente en efectivo.
- Viajes nacionales e internacionales por decenas de miles de dólares.
- Gastos mensuales elevados en colegios, tarjetas, seguros y mantenimiento de propiedades.
- Consumos con tarjetas de crédito que habrían alcanzado cifras millonarias durante 2025.
En los tribunales también esperan otro documento clave: el informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que reconstruye la evolución patrimonial del funcionario y busca determinar si existe correspondencia entre sus ingresos formales y el nivel de vida exhibido.
Fuentes judiciales sostienen que la fiscalía analiza solicitar explicaciones formales sobre el origen de los fondos utilizados para las operaciones observadas. Ese procedimiento suele constituir el paso previo a una eventual indagatoria cuando existen inconsistencias patrimoniales significativas.
Por ahora, en el oficialismo confían en que la declaración jurada permitirá amortiguar el impacto político del caso. Pero en Comodoro Py creen exactamente lo contrario: que la presentación abrirá nuevas preguntas en lugar de clausurarlas.
París siempre fue la ciudad de las luces. Pero cuando los expedientes empiezan a iluminar patrimonios difíciles de explicar, ni el brillo del Café de Flore alcanza para disipar las sombras. Mientras Adorni prepara sus explicaciones, en Comodoro Py crece una certeza incómoda: el problema ya no es lo que se sabe, sino todo lo que todavía falta explicar.