Hace algunos años el periodista Roberto Navarro popularizó una frase que quedó grabada en la memoria política argentina: “te toman por boludo”. Y a juzgar por los últimos acontecimientos, el vocero presidencial Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, parecen haber decidido que esa definición les calza a la perfección.
En las últimas horas se conoció que el matrimonio solicitó adherir al régimen de “Inocencia Fiscal”, una herramienta impulsada por el oficialismo que les permitiría evitar explicaciones sobre el notable incremento de su patrimonio durante los últimos años.
Mientras continúa demorada la presentación de la declaración jurada completa del funcionario, la información revelada por el periodista Hugo Alconada Mon indica que, al ingresar los CUIT de Adorni y Angeletti, figura que ambos solicitaron el pasado 9 de junio adherir a la Ley 27.799, conocida como “Inocencia Fiscal”, promovida por el oficialismo y defendida públicamente por Javier Milei y José Luis Espert.
La decisión no es menor. El matrimonio enfrenta cuestionamientos por una serie de operaciones inmobiliarias, gastos y movimientos patrimoniales que hoy son objeto de análisis judicial. Entre ellos aparecen la compra de un departamento en Caballito, una vivienda en el country Indio Cuá, costosas remodelaciones, viajes al exterior y consumos con tarjeta que resultan difíciles de compatibilizar con los ingresos declarados.
Cuando se aprobó la norma, Milei celebró públicamente la iniciativa: “Quiero celebrar la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, que viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros”. Según el Presidente, la ley “blinda” a los ciudadanos para que ningún gobierno futuro pueda investigar el origen de esos fondos.
Adorni es, en el léxico libertario, uno de esos “argentinos de bien”. El problema es que todavía no logra explicar de dónde salieron la mayoría de esos ahorros.
La propia explicación de Milei permite comprender por qué la adhesión del matrimonio resulta tan relevante. El Presidente sostuvo que quienes ingresen al régimen simplificado de Ganancias podrán tributar únicamente sobre lo facturado, independientemente del crecimiento de su patrimonio.
Traducido al castellano: el Estado deja de preguntar cómo aumentó la riqueza de una persona y sólo observa cuánto declaró haber facturado.
Eso es exactamente lo que busca hoy la pareja.
La causa que investigan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo analiza una serie de operaciones llamativas:
- Departamento en Caballito (2025): US$ 30.000 abonados en efectivo y una hipoteca sin intereses por US$ 200.000 otorgada por dos jubiladas.
- Casa en el country Indio Cuá (2024): precio declarado de US$ 120.000. Pago inicial de US$ 20.000 en efectivo e hipoteca de US$ 100.000 otorgada por una policía retirada y su hija.
- Refacciones sin facturación formal: el contratista Matías Tabar aseguró haber recibido S$ 245.000 en efectivo por obras realizadas en la vivienda.
- Gastos de ingreso al country por aproximadamente US$ 5.000.
- Viajes al exterior a Aruba, Punta del Este y España por más de US$ 27.000, además de gastos en destinos nacionales.
- Una deuda informal de US$ 65.000 con el desarrollador Pablo Martín Feijoo.
- Consumos con tarjeta superiores a los $85 millones durante 2025, con un promedio mensual superior a los $7 millones, pese a que el salario bruto de Adorni rondaba los $3,5 millones y Angeletti figuraba como monotributista.
La conclusión es sencilla. Al adherir al régimen de Inocencia Fiscal, Adorni y su esposa pretenden pagar impuestos sobre lo declarado y evitar responder cómo creció su patrimonio. La ley no excluyó a los funcionarios públicos ni a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), por lo que pueden acceder al mismo beneficio.
Paradójicamente, cuando se aprobó la norma, el propio Adorni celebró la medida y escribió en redes sociales: “La Ley de Inocencia Fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país”.
Tal vez tenía razón. Porque mientras sigue sin aparecer una explicación convincente sobre los dólares, las propiedades, las hipotecas insólitas y los gastos millonarios, la ley parece haber llegado justo a tiempo.
Dicen que la ley protege a los argentinos de bien. El problema es que cuando un funcionario usa esa misma ley para evitar explicar cómo multiplicó su patrimonio, la sospecha deja de ser fiscal y pasa a ser política. Mientras los ciudadanos siguen esperando respuestas, Adorni y su esposa vuelven a confirmar aquella vieja frase: te toman por boludo. Y desde París, el juez Ariel Lijo comparte café con Juan Bautista Mahiques. En la Argentina libertaria, algunos investigan y otros se toman un espresso.