Mientras los medios hegemónicos se la pasan hablando del escándalo de Manuel Adorni, que intentó explicar cómo su patrimonio pasó de 108 millones a 944 millones de pesos en apenas unos meses, la realidad cotidiana de millones de argentinos sigue quedando fuera de foco. Pocos creen la versión oficial del vocero presidencial, pero más allá de esa polémica, hay un dato imposible de ocultar: la economía de Javier Milei y Luis Caputo continúa golpeando con fuerza a trabajadores, jubilados y sectores medios.
En las últimas horas se conoció que la inflación de mayo fue del 2,1%. Con ese resultado, el índice acumulado en lo que va del año alcanzó el 14,7%, superando incluso las proyecciones optimistas que el propio Gobierno difundía meses atrás. El rubro que más aumentó fue Comunicación, con una suba del 3,4%, seguido por Educación (2,9%) y Recreación y Cultura (2,8%).
Más atrás aparecen Salud, con un incremento del 2,6%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, también con 2,6%; Alimentos y bebidas no alcohólicas, que crecieron 2,5%; y Bienes y servicios varios, con una suba del 2,4%. Es decir, los gastos esenciales siguen avanzando por encima de los ingresos de buena parte de la población.
Mientras las cámaras de televisión se entretienen con las explicaciones de Adorni, una familia tipo necesitó en mayo $1.498.741 para no ser considerada pobre y $681.246 para no caer en la indigencia, según los datos oficiales del Indec. La Canasta Básica Total aumentó un 2%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria trepó un 2,4%, acelerándose con respecto al mes anterior. Traducido al lenguaje cotidiano: comer cuesta cada vez más.
Aunque el Gobierno celebra cada décima que baja la inflación, la realidad muestra otra cara. Los alimentos continúan bajo presión, los servicios no dejan de aumentar y la pérdida del poder adquisitivo se profundiza. El supuesto “milagro económico” libertario todavía no llegó al changuito del supermercado ni a las mesas de los hogares argentinos.
La situación salarial resulta aún más preocupante. Con este gobierno, el salario mínimo ya vale menos que durante la crisis de 2001. Un estudio de la Universidad de Buenos Aires reveló que entre noviembre de 2023 y abril de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída del 39,3%. Su valor actual representa apenas un tercio del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011.
En abril, el salario mínimo ascendía a $357.800. Sin embargo, el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la UBA calculó que, para conservar el mismo poder adquisitivo que tenía al inicio del actual gobierno, debería ubicarse entre $1.509.000 y $1.838.000. La diferencia no es un detalle estadístico: es la distancia entre llegar o no llegar a fin de mes.
Los jubilados tampoco escapan al ajuste. El Gobierno anunció para julio un aumento del 2,15%, que llevará la jubilación mínima a $411.989. Una cifra que apenas alcanza para cubrir una parte de los gastos básicos de cualquier adulto mayor y que confirma el deterioro constante de los ingresos previsionales.
Mientras Adorni intenta convencer a los argentinos de que multiplicó su patrimonio por arte de magia, millones de trabajadores cuentan monedas para comprar alimentos y millones de jubilados eligen entre medicamentos o comida. La verdadera noticia no está en las explicaciones cada vez más inverosímiles del vocero presidencial. La verdadera noticia es que, detrás de los relatos de estabilidad y los festejos oficiales, cada vez más argentinos descubren que el ajuste no era para la casta: era para ellos.