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La Plata
25 abril, 2024
PAÍS

La Iglesia contra el accionar represivo del gobierno frente a comunidades indígenas

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de la Iglesia Católica repudió el “accionar represivo” de fuerzas de seguridad sobre la comunidad mapuche “Lof en Resistencia Cushamen” de la zona cordillerana de Chubut y advirtió que “el respeto por los derechos de los pueblos indígenas no se logrará criminalizando sus reclamos”.

“El respeto por los derechos de los pueblos indígenas no se logrará criminalizando sus reclamos. Se deben encontrar vías pacíficas para solucionar los conflictos”, indicó el organismo pastoral.

En un comunicado, el Endepa reclamó además al gobierno nacional y al chubutense “el respeto por los derechos de los pueblos indígenas, consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales”.

Además criticó que se priorice “el interés de extranjeros por sobre el de los pueblos indígenas, preexistentes al Estado argentino” y lamentó “el sufrimiento generado a tantos miembros del pueblo mapuche” con quienes se solidarizaron.

“Nos preguntamos por qué los gobiernos no emplean, aunque sea una parte de todo ese personal, dinero, energía, en implementar debidamente un sistema de consulta previa a los pueblos indígenas, el relevamiento territorial ordenado por la ley 26.160, en suma, en cumplir con las normas vigentes y respetar a los pueblos originarios”, se agregó en el texto difundido por la agencia Aica.

Endepa exhortó también a los responsables de elaborar y ejecutar las políticas de Estado, a que “se desista de imponer a sangre y fuego un orden basado en la injusticia, el despojo y la negación de los derechos de los pueblos indígenas”.

“No será fácil solucionar los múltiples reclamos que decenas de pueblos indígenas realizan hace tantos años, pero es el único camino que podrá proporcionar el respeto de los derechos en juego. La violencia y la represión estatal por otro lado, solo pueden generar más injusticia y menos paz social”, concluyó el mensaje.

Por su parte, Amnistía Internacional Argentina también repudió la represión e indicó que se produce “en un contexto de creciente criminalización de la protesta y particularmente de estigmatización del pueblo mapuche”.

“La orden emitida no encuentra correlato con los hechos de la realidad. Amnistía Internacional condena la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Por ultimo, el Movimiento Evita también se refirió a los acontecimiento en el LOF CUSHAMEN:

“La resolución de los conflictos políticos, sociales y económicos deben estar enmarcados en el estado de derecho y en el respeto a los DDHH.

La criminalización de la protesta como estrategia política y el garrote como única táctica generan mayores estados de virulencia, rechazo a las instituciones y disparan la conflictividad social a lugares insospechados y la represión a lugares ya frecuentados en la historia argentina.

Las expresiones que vinculan la protesta social a conceptos como el de “terrorismo” buscan quitar derechos conquistados, profundizar modelos de exclusión política, económica y social, establecer una nueva matriz neoliberal y someter al pueblo y a la ciudadanía en general al empobrecimiento generalizado. Buscan, en definitiva, un país para unos pocos.

Las responsabilidades políticas recaen sobre las administraciones de la nación y la provincia, las judiciales sobre los jueces de turno y las sociales sobre el cerco mediático local, provincial y nacional.

Vemos con suma preocupación ante estos hechos que la “Conquista del Desierto” que anexó la Patagonia a la República Argentina exhibe hoy un nuevo capítulo de violencia y sangre.

Por lo expuesto, el Movimiento Evita repudia enérgicamente la brutal represión en el Lof Cushamen, la desinformación planificada y la justificación cercenadora de derechos que vincula la protesta social con el terrorismo”.

 

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