La fuerte presión de organizaciones de la sociedad civil, artistas, el peronismo y distintos partidos de la oposición, sumada a la convocatoria a una masiva movilización frente al Congreso, obligó al Gobierno de Javier Milei a dar marcha atrás con uno de los puntos más cuestionados de su proyecto de ley: el capítulo que habilitaba la extranjerización de tierras rurales.
La Casa Rosada terminó reconociendo que no contaba con los votos suficientes para aprobar esa iniciativa, incluso después de intensas negociaciones con sus propios aliados parlamentarios.
El rechazo comenzó a crecer en los últimos días y se profundizó luego del fuerte impacto simbólico que tuvo la imagen de los jugadores de la Selección Argentina levantando la bandera con la consigna “Las Malvinas son argentinas”. Ese sentimiento de defensa de la soberanía nacional se trasladó rápidamente al debate sobre las tierras rurales, generando una amplia reacción en redes sociales y en distintos sectores de la sociedad.
Las señales políticas comenzaron a multiplicarse. “He conversado con las dos senadoras nacionales de Tucumán y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, afirmó el gobernador Osvaldo Jaldo, en referencia a Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.
En la misma línea se expresó el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien fue aún más contundente: “No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”.
Las declaraciones de dos mandatarios considerados cercanos a la Casa Rosada terminaron de sepultar el capítulo más resistido del proyecto.
Horas después, el Gobierno confirmó lo que ya era un secreto a voces: eliminó la reforma a la Ley de Tierras Rurales para intentar salvar el resto de la iniciativa, que incluye modificaciones en materia de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
La decisión se tomó durante una reunión encabezada por Patricia Bullrich con senadores aliados del denominado “grupo de los 40”. Participaron, entre otros, Edith Terenzi, Mariana Juri, Carlos “Camau” Espínola, Martín Goerling, Flavia Royón, Beatriz Ávila y Natalia Gadano. Allí quedó claro que no existían los votos necesarios para sostener ese artículo.
“Así no se puede”, resumió una senadora radical al salir del encuentro.
Mientras tanto, el ministro Federico Sturzenegger insistía en avanzar con la reforma, aunque dentro del propio oficialismo eran pocos los que estaban dispuestos a respaldar una iniciativa que había despertado un rechazo social creciente. La convocatoria a la movilización y la fuerte campaña desarrollada en redes sociales terminaron inclinando la balanza.
Ahora, los organizadores de la protesta sostienen que la marcha deberá mantenerse para exigir también el rechazo de otros artículos del proyecto que consideran perjudiciales para la soberanía nacional y los derechos de los argentinos.
La Casa Rosada quiso presentar la retirada como una decisión estratégica. Pero cuando un gobierno debe borrar un capítulo entero de una ley porque hasta sus propios aliados le sueltan la mano, ya no se trata de estrategia: se llama derrota política. Esta vez, la presión popular pudo más que los negocios y la soberanía volvió a imponerse en el Congreso.