Tras el escándalo del Correo Argentino y la frustrada condonación de 70 mil millones a su padre, el presidente Mauricio Macri firmó dos decretos que establecen un mecanismo para resolver conflictos de intereses que surjan entre una empresa y el Estado.
Las dos normas, que salieron publicadas hoy en el Boletín Oficial, llevan la firma del Presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. El primer texto hace referencia a la representación del Estado en procesos judiciales que realicen en su contra personas cercanas al Poder Ejecutivo, mientras que el segundo reglamenta las contrataciones que se realizan desde el sector público e indica cuáles son los pasos a seguir en caso de que se detecte un conflicto de interés.
El primer decreto, que lleva el número 201/2017, dispone que sea la Procuración del Tesoro de la Nación el organismo que patrocine al Estado “asegurando los máximos estándares de fundamentación, difusión y transparencia, de modo de evitar toda duda o prevención de la ciudadanía acerca de la recta e inequívoca gestión en favor del interés público”.
En la medida se remarca que “a los fines de proveer a la adecuada defensa del Estado Nacional en procesos judiciales o extrajudiciales (…) resulta necesario establecer un procedimiento especial para los casos en que pudiera existir un conflicto de interés o vinculación entre una de las partes y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo que suscite dudas sobre la debida gestión de los intereses del Estado”.
El segundo decreto, el 202/2017, establece que “toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado debe presentar una ‘Declaración Jurada de Intereses'”.
En esa declaración deberá precisar si se encuentra o no alcanzado por alguno de los siguientes supuestos de vinculación, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, jefe de Gabinete de Ministros y demás ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, “aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata”.
Además deberá declarar si tiene “parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad; sociedad o comunidad; pleito pendiente; ser deudor o acreedor; haber recibido beneficios de importancia o amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato”.
La Oficina Anticorrupción (OA), actualmente a cargo de Laura Alonso, será el organismo encargado de recibir y examinar esos documentos.
La decisión ya había sido adelantada durante la apertura de sesiones del Congreso, cuando Macri dijo: “Quiero que todo sea transparente y abierto y que nadie dude de las decisiones que tome este presidente”. Ese día el jefe de Estado fue imputado por la concesión de rutas aéreas a Avianca, la aerolínea que adquirió MacAir, de Franco Macri, y la polémica por el pacto entre el Ejecutivo y la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia presidencial, recién había comenzado. Macri aseguró que, si bien conocía que existía un conflicto por el Correo desde hace 12 años, no hay ningún acto de corrupción detrás.