La causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado registró un vuelco trascendente, que genera indignación en el gobierno de Cambiemos, porque de hecho acepta el reclamo de la familia y amigos del joven, cuyo paradero se desconoce desde hace ya 23 días.
Concretamente, la fiscal subrogante Silvina Avila, a cargo de la causa penal, dio curso al pedido de recaratulación planteado por los familiares de Santiago, y a partir de ahora lo que se investiga es la “desaparición forzada de persona”.
La Fiscalía extendió el secreto de sumario por diez días más y solicitó a la Procuración General que diera curso al pedido de la familia de integrarse al equipo de investigación. Así, la Justicia adopta la misma hipótesis que impulsaron los organismos de Derechos Humanos y a la cual dieron sustento numerosos testigos: que Santiago estaba presente el 1° de agosto durante la represión de Gendarmería a la comunidad Lof Cushamen, y que se investiga la posible participación de la Gendarmería en su desaparición.
Al referirse a este giro de la causa, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, aseguró que “no hay ningún indicio que demuestre que sea una desaparición forzada de personas”, al tiempo que advirtió que “existe una serie de posibilidades abiertas” sobre lo ocurrido con el artesano.
El funcionario sostuvo que “hay investigaciones dentro del Ministerio de Seguridad con respecto a Gendarmería, y no hay ningún indicio de que esto haya sido así”.
Avruj dijo que “no acepto que se diga que el tema haya sido subestimado”, y defendió el trabajo del Gobierno sobre el caso, al asegurar que “desde el primer momento” estuvieron en contacto con la familia de Maldonado, y los organismos de derechos humanos para avanzar en la investigación.
Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le reclamó al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para determinar qué pasó” con Maldonado, y que “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que derivaron en su desaparición”.
En coincidencia con lo que resolvió la justicia, esta mañana los familiares de Santiago publicaron una carta donde explican que el joven “es víctima de desaparición forzada desde el 1 de agosto de 2017 en la Provincia del Chubut, Argentina”.
“La desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado –Gendarmería- seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades”, indicaron, y agregaron que “la desaparición forzada es un delito que solo lo comete el Estado”.
1 comentario