La cadena Farmacity habló por primera vez en público del conflicto que la desvela y por el que recurrió en recurso de queja a la Corte Suprema de la Nación como última opción: entrar al mercado bonaerense transgrediendo la ley que hoy regula a las farmacias en la provincia.
El que mostró el interés de la compañía por sortear la ley fue el CEO de la compañía, Sebastián Miranda, quien dijo que “hubo regulaciones que en un momento intentaron limitar el modelo de negocios. Pero están más relacionadas a otro esquema sanitario y de farmacias”. Y agregó que “en este nuevo entorno hay que aggiornarse para atender las nuevas necesidades”.
La cara visible de Farmacity, la cadena que fundó el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, apuntó así directo a la ley 10.606, que prohíbe que las sociedades anónimas se constituyan como farmacias y que establece para la instalación de farmacias una distancia mínima de trescientos metros entre una y otra o una cada 3 mil habitantes, entre otros puntos. Además, el Colegio de Farmacéuticos define dónde se pueden instalar locales, incluso para los casos de aquellos boticarios recibidos que quieren tener su propio negocio.
En 2012, Farmacity fue a la justicia contra la ley y tuvo fallos negativos en primera y segunda instancias y también en el seno de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que dictó resolución por unanimidad avalando lo actuado y ratificando la constitucionalidad de la ley. El estudio que patrocinó en ese entonces a Pegasus, el grupo que comanda Farmacity, pertenece a Carlos Rozenkratz, quien fue nombrado juez de la Corte nacional por Mauricio Macri apenas asumió.
Con Rozenkratz en la Corte, Quintana logró ahora que ese máximo tribunal acepte el recurso de queja para hacer a un lado la ley provincial y entrar al mercado bonaerense. Ya lo hizo de hecho aunque con la cadena Simplicity que creó en 2013 pero que vende productos de cuidado personal, entretenimiento, belleza y moda aunque no remedios.
El CEO de Farmacity también dijo que “Buenos Aires tiene el peor ratio de farmacias por habitante”, explicó Miranda. Y agregó que “un problema similar tenemos en Santa Fe”. Son justo las dos provincias en las que todavía no pudieron romper el cerco legal.