Mauricio Macri lo dijo con todas las letras: “No habrá justicia macrista”. Lo aseguró al asumir como presidente, en diciembre de 2015. Sin embargo, el mismo Mauricio Macri, un año y medio después, en una arenga que tenía más de amenaza que de advertencia, enfatizó: “Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad, o buscaremos otros jueces que nos representen”.
La detención hoy del ex vicepresidente Amado Boudou y días atrás del ex ministro Julio De Vido, son hechos que evidencian con claridad el alevoso alineamiento que los tribunales de Comodoro Py tienen con la Casa Rosada, con la gravedad que implica que tales detenciones se llevan adelante sin indagatorias ni prisión preventiva.
Y la lógica indica que en esta brutal ofensiva del macrismo a través del llamado ‘partido judicial’, Cristina Kirchner es la figura más deseada, con numerosas causas armadas en su contra. A manera de ejemplo: pesar de que no surgieron nuevas pruebas que justifiquen retomar esta causa, CFK está acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA en base a la denuncia del fallecido Alberto Nisman.
Las situaciones de la ex presidenta y Milagro Sala son similares. En lugar de tener una sola causa fuerte cada una, acumulan constantemente nuevas causas. La única razón que lo explica es la de persecución política, con ese interminable y humillante desfile por los tribunales con acusaciones de corrupción, magnicidios y traición a la patria. A Milagro ya la condenaron a tres años en suspenso por una tirada de huevos en la que no participó, y la inhabilitaron tres años para dirigir movimientos sociales por un acampe pacífico. Y a pesar de los reclamos de los organismos internacionales, las acusaciones en su contra buscan criminalizar la protesta social.
Demás está decir que el macrismo siempre fue consciente del control que podía ejercer sobre el Poder Judicial. Por eso, no fue casual que dos de las primeras acciones de Cambiemos fueron copar el Consejo de la Magistratura, y el tratar de incorporar por decreto a dos jueces en la Corte. Tiempo atrás, la jueza María Servini de Cubría aseguró que en 40 años de Poder Judicial nunca había sufrido tantas presiones como con este gobierno.
La avanzada del macrismo sobre la Justicia ya cuenta con varios capítulos, que se suman a las permanentes operaciones que finalmente lograron desplazar a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.
Por ejemplo, en una maniobra que contó con la complicidad del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en agosto pasado el oficialismo aprovechó la ausencia de un miembro del Consejo de la Magistratura para dar quórum y avanzar con la remoción del camarista federal Eduardo Freiler, acusado públicamente de corrupción por Macri.
El control político del Consejo de la Magistratura es clave para el avance del Gobierno en el Poder Judicial. Desde allí no sólo se designan jueces en puestos clave, algo que el Gobierno realizó de forma irregular en varias oportunidades. Los números dentro del Consejo, están más cerca de los dos tercios necesarios para remover jueces incómodos para el macrismo, que viene acumulando causas judiciales por irregularidades en la administración, incompatibilidades e inconsistencias en las declaraciones juradas de la mayoría de los ministros.
Otro ardid fue “meter por la ventana” a un juez amigo en un puesto clave: a comienzos de mayo, el Consejo de la Magistratura, con la oposición del kirchnerismo, aprobó el pase del juez Carlos Mahiques a la Cámara Federal de Casación Penal, donde deberían investigarse causas de corrupción de funcionarios.
Precisamente, ante la pregunta sobre por qué los jueces federales no tienen el valor para meterse con el poder de turno, la primera respuesta que surge es que los magistrados no tienen garantías ante la falta de independencia, que lleva a las constantes presiones políticas y, en no pocos casos, a la corrupción judicial porque, en definitiva, son pasibles de aprietes y carpetazos, además de que muchos están involucrados en hechos de corrupción, y forman parte de la mafia judicial.
Como bien dijo alguien vinculado al universo de la justicia: “en este país es tan fácil apretar a un juez o un fiscal y amenazarlo con su juicio político en el Consejo de la Magistratura, como salvar a un juez corrupto en ese organismo”.