El 31 de diciembre terminó su mandato la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, luego de presentar la renuncia, cansada de las brutales presiones contra ella y su familia para que deje el cargo. A partir de ese momento el gobierno se abocó a buscar un sucesor, pero los nombres que deja trascender dan miedo a una sociedad que sueña con una justicia independiente y en defensa de los más humildes.
Macri, sintiéndose dueño de la Justicia, había afirmado que la procuradora “no tiene autoridad moral para ejercer el cargo de Procuradora; no sólo es militante kirchnerista, sino que no ha impulsado la lucha contra el delito, ni la lucha contra la corrupción porque ha dilatado todos los procesos de investigación sobre hechos de corrupción del Gobierno anterior”.
Por estas horas, el ministro de Justicia Garavano ya trabaja en quien será su sucesor. Los nombres que figuran dan miedo: los fiscales Ricardo Sáenz (hombre de Clarín), Guillermo Marijuan, Raúl Pleé, Carlos Rívolo y José María Campagnoli; los jueces Ricardo Recondo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; la dirigente del GEN, Margarita Stolbizer y el senador Rodolfo Urtubey. Por último los juristas Alberto García Lema e Inés Weinberg de Roca.
Quien sea elegido debera lograr los votos de las dos terceras parte del Senado y de acuerdo a la Ley 24.946, de 1998, el jefe de los fiscales goza de “estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años de edad” y podrán mantenerse en el cargo por cinco años más si logran un nuevo acuerdo en el Senado, que podrá ser repetido “indefinidamente, mediante el mismo procedimiento”. Hecho que no sucedió con Gils Carbó.
De allí que el ministro de Justicia está planteando cambiar la ley para que el Fiscal dure sólo 5 años y sea elegido por mayoría simple, así podrá controlarlo más fácilmente. Por ahora, el proyecto de ley que envió Garavano se encuentra frenado por diferencias entre el peronismo y Cambiemos, ya que los cambios que le introdujo la bancada opositora al texto apuntaban a mantener la estructura del Ministerio Público Fiscal que el oficialismo quiere desmantelar.
No solo el peronismo se opone a desmantelar la actual estructura de la Procuración, la Iglesia salió con los tapones de punta. En una dura carta firmada por la mayoría de los obispos de la Iglesia Católica Argentina le solicitan al presidente que frene la reforma del Ministerio Público Fiscal y que “no desande” todo lo conquistado por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y en defensa del personal capacitado pro su gestión.
Los obispos, que cuentan con el apoyo del Papa Francisco, requirieron que se ponderen los logros de Gils Carbó y piden por la explícita continuidad de la Dirección de Acceso a la Justicia (ATAJO), creada en los últimos años, y todas las otras áreas del MPF que trabajan con la comunidad. Requirieron que la reforma de la Ley del Ministerio Público de la Nación incluya en su letra “la continuidad de los ATAJOS, dado que resultan necesarios en todas las localidades y en especial en los barrios con extrema vulnerabilidad”.