21 enero, 2018

Darío Giustozzi, otro procesado que se suma al gobierno de Macri como embajador en Ecuador

El ex intendente de Almirante Brown y ex diputado nacional, Darío Giustozzi, fue oficializado hoy como nuevo embajador en la república de Ecuador, cargo que había quedado vacante en noviembre tras el desplazamiento de Luis Juez. El flamante diplomático está procesado en una causa en la que se investiga la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en Claypole, cuando era jefe comunal.

El hecho es que después de algunos meses de espera, Giustozzi puede dar por pagada la deuda de gratitud de parte del presidente Mauricio Macri, que lo contó como un aliado a la hora de sacar leyes clave en el Congreso, como la “reparación histórica” a los Jubilados o el pago a los ‘fondos buitre’.

Giustozzi asumió como intendente de Almirante Brown en 2007 por el Frente para la Victoria, y logró ser reelecto por el mismo partido en 2011 con más del 70 % de los votos. En 2013 se unió a los dirigentes que abandonaron el kirchnerismo para integrar el Frente Renovador, encabezado por Sergio Massa, y junto a él ingresó a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires.

En 2015 abandonó a la fuerza política liderada por el ex intendente de Tigre, y en los últimos dos años se convirtió en un aliado del macrismo en la Cámara de Diputados, donde finalizó su mandado el 10 de diciembre pasado.

En tanto, hace dos meses el juez federal Sergio Torres procesó a Giustozzi, en una causa en la que se investiga la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales en la localidad de Claypole que, pese a estar finalizado, se determinó en la investigación que no funciona. El magistrado dictó el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de administración fraudulenta y le trabó un embargo de $ 3.000.000.

La maniobra investigada comenzó en 2009 y finalizó en 2015. Esas obras en el municipio de Almirante Brown quedaron bajo observación cuando el juez Torres se hizo cargo, por orden de la Corte Suprema de Justicia, de la supervisión y control de los trabajos para proveer de agua potable y cloacas en el plan de saneamiento de la cuenca del Riachuelo-Matanza. El magistrado detectó irregularidades, hizo la denuncia y le tocó por sorteo a su juzgado.

Una de las irregularidades detectadas en la investigación es que las obras se hicieron argumentando que sería parte del plan director que estaba a cargo de AySA, pero en realidad no lo era ni había sido avalado por esa empresa estatal. Además, desde el 2011 -la obra había empezado tiempo antes- estaba prohibido hacer sistemas desvinculados en el área de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

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