En un contexto de consolidación de políticas punitivistas que violan gravemente los derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentará este viernes el Informe Anual 2018: El sistema de la crueldad XII, sobre lugares de encierro, políticas de seguridad y niñez en la provincia de Buenos Aires.
El informe denuncia una crisis humanitaria del sistema penal que alcanza récord de personas detenidas, sobrepoblación, hacinamiento, tortura y muerte. Por su crueldad y dureza, la muerte de siete jóvenes en la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino es la expresión extrema de esa situación. Casi un año y medio después, el Estado provincial no hizo nada para revertir las condiciones estructurales que hicieron posible esa masacre.
La presentación del informe se realizará el viernes 10 de agosto a las 10:30 horas en el Anexo del Senado, 7 esquina 49, La Plata. El panel de presentación estará integrado por el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, su secretario Roberto Cipriano García, Gustavo Hornos, juez del Tribunal de Casación Federal y presidente del Sistema de coordinación y seguimiento de control judicial de unidades carcelarias, Mariana Mota, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay y Sergio Brito, ex-detenido e integrante de la Red de familiares víctimas de violencia institucional de la CPM. La coordinación de la mesa estará a cargo de la directora general de la CPM Sandra Raggio.
Este décimo segundo informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) vuelve a constatar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal que exigen reformas estructurales de manera urgente. No es sólo un material de denuncia; es un posicionamiento ético frente al dolor de las víctimas y una demanda pragmática: si se sigue profundizando este modelo de gobernabilidad basado en el endurecimiento del Estado en su acción represiva, la sociedad será cada vez más violenta, desigual e insegura.
El récord de 45 mil personas detenidas en la provincia de Buenos Aires muestra el vertiginoso crecimiento que tuvo la tasa de encarcelamiento en los últimos dos años. Es la consecuencia de una política criminal que extrema la persecución y captura de los sectores más pobres de nuestra sociedad, avalada y consentida por todos los poderes del Estado y gran parte de la dirigencia política. Aunque no es nueva, sus consecuencias son cada vez más dramáticas.
Los números son contundentes: hay un 91% de sobrepoblación en cárceles y un 197% en comisarías. Estas condiciones generan padecimiento y muerte. Durante el 2017 se estima que más de 160 personas murieron en cárceles provinciales y 22 en comisarías, la mayoría por causas vinculadas a la desatención de la salud. Los casos registrados de tuberculosis crecieron exponencialmente: de 187 en 2016 a 436 en 2017. Pese al estado sanitario crítico, la Provincia se niega a que la Dirección de Salud Penitenciaria -hoy bajo dependencia del Ministerio de Justicia- pase a depender del Ministerio de Salud.
Todo esto ha provocado una crisis humanitaria en el sistema de encierro, que ha sido sistemáticamente denunciada por la CPM como mecanismo de control y monitoreo de lugares de encierro y reconocida además por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, y pese a que la actual gestión de gobierno asumió hace ya más de dos años reconociendo la crisis en materia penitenciaria y de seguridad, nada hizo para transformar esta situación. Todo lo contrario: consolidó y profundizó un punitivismo duro, de larga data en la Provincia, y claramente ineficaz para combatir los problemas de seguridad.