La Auditoria General de la Nación (AGN) denunció a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), la militante ultramacrista Laura Alonso, por haberse negado sistemáticamente a lo largo de los últimos 9 meses, y de esa manera no facilitar la información requerida por el organismo auditor para realizar sus controles.
De esta manera, Alonso pasó a protagonizar un virtual estado de rebeldía, en el marco de su bochornosa reacción en cuanto a no permitir las auditorías. La funcionaria, que ya reconoció que no encabeza denuncias contra los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, condicionó la entrega de la información que le requiere la AGN, lo que llevó a los auditores a intimarla y a llevar ahora el caso a la Justicia.
Todo empezó en abril pasado cuando la Auditoría le avisó a la titular de la OA que “de no recibirse o no permitirse acceso a la información en un plazo no menor (sic) a diez días corridos, la AGN procederá a iniciar una acción judicial en ejercicio de las competencias constitucionales y legales”.
La advertencia estaba firmada por los siete auditores generales de la Auditoria, incluso por los oficialistas Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva.
La nota fue remitida también a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación, donde diputados opositores ya venían reclamando la presencia de Alonso por sus declaraciones públicas contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia y su confesión pública de desentenderse de las querellas contra el Gobierno nacional.
En Diputados hay al menos dos proyectos de resolución para citar a la titular de la OA, uno encabezado por Rodolfo Tailhade y otro por Raúl Pérez, del FpV-PJ, el massismo, el Movimiento Evita y Red por Argentina.
En uno de esos escritos, los legisladores afirman que “Alonso está seriamente cuestionada por actos de corrupción, deliberadamente omite presentarse formalmente en las investigaciones penales que involucran al gobierno y es muy distinta su actitud frente a causas que afectan a funcionarios de administraciones anteriores”.
En abril, Alonso desafió a la AGN en declaraciones al diario La Nación: “Nosotros no tenemos ningún problema en que se nos audite, todo lo contrario. Así lo dejamos establecido en las sucesivas comunicaciones que mantuvimos por escrito con la AGN. Lo que no estamos autorizados a entregar es la información sobre las denuncias presentadas por la OA ante la Justicia y el estado actual de esas denuncias. Se trata información que afecta a terceras personas y solo puedo entregarla si hay una orden judicial, y este no es el caso”.
“Motiva esta presentación la conducta reticente de la Oficina Anticorrupción para brindar en tiempo y forma la información que se le solicitara de manera reiterada”, sostuvo la AGN en la presentación judicial.
El recurso fue presentado por el área de legales de la AGN, y fue decidido por el Consejo de Auditores tras determinar que se habían incumplidos todos los plazos establecidos, y que no había más margen para continuar con las advertencias a Alonso.
En la presentación, se detalla que la conducta de la Oficina Anticorrupción a la hora de ser auditada es “reticente”, y que “de ninguna manera” ha cumplido con “la entrega de toda la información que le fuera requerida”, advirtiendo que sólo se ha hecho entrega de pocos puntos sobre el total solicitado.