El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, fueron imputados en las últimas horas por la Justicia, por presuntas irregularidades en las concesiones de los peajes.
La decisión fue tomada por el fiscal Eduardo Taiano en, el marco de la ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. Esta resolución le estaría dando la razón a quienes en el ámbito judicial definen a Dietrich como “el Julio De Vido de Macri”, y enumeran las causas ya vigentes que podrían complicar al funcionario en un cambio de gobierno.
Dietrich e Iguacel fueron imputados por “ampliación ilegal e ilegítima del plazo de contrato de las concesiones por peaje”, en una causa iniciada por el Sindicato de trabajadores viales, y que quedó en manos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Taiano.
“Denunciamos que se abonaron a las concesionarias $ 30.000 millones con fondos del Estado Nacional cuando habían vencido todos y cada uno de los contratos de los Corredores Viales concesionados, pero Iguacel y Dietrich los continuaron de manera irregular para favorecer a las empresas”, explicó la titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá.
Además, la dirigente explicó que la principal beneficiada fue Iecsa, la empresa que era propiedad del primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.
La denuncia acusa a los funcionarios de utilizar “una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras” por esa cifra, “más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”.
A ambos se los imputa por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica. Deberán comparecer ante el juez Sebastián Casanello.
Iguacel emitió una resolución prolongando los plazos de los contratos de los corredores viales, que se habían firmado en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016 con la posibilidad de extenderse un año más, omitiendo el decreto 1288 de 2016 que ordenaba que esos corredores debían volver a licitarse.
Los denunciantes sostienen que los funcionarios buscaron “beneficiar un pequeño grupo, de influyentes constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”. El texto continúa diciendo que por quince meses, “las concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas”.