“Los muertos no pagan”. En esas cuatro palabras, Néstor Kirchner resumía crudamente ante la Asamblea de las Naciones Unidas lo que significa cumplir con las deudas siempre y cuando una nación pretenda ser soberana y no agachar la cabeza ante las presiones de los organismos financieros, como el Fondo Monetario Internacional.
Y aquellas palabras del ex presidente pronunciadas allá por 2003, por estas horas vuelven a adquirir vigencia, porque el mensaje que ahora lanza Alberto Fernández es que los acreedores tienen que permitir el crecimiento de Argentina para poder pagar. Dicho en otras palabras, es imposible cumplir con el pago de una deuda si antes no empieza a haber signos de reactivación en los signos económicos del país deudor.
Bajo esta premisa, que no es más que una lógica económica, Argentina ya le informó a las autoridades del FMI que no pagará los vencimientos de devolución previstos para los años 2021, 2022 y 2023. “Es una condición necesaria” de la reestructuración de la deuda en marcha, fue el planteo oficial ante el organismo financiero.
El cronograma de compromisos de pagos de la deuda pública en moneda extranjera redondea, para este año, unos 21 mil millones de dólares entre capital e intereses (14 mil con el sector privado y 7000 con organismos multi y bilaterales), Para 2021, suma otros 19 mil millones, mientras que en los dos años siguientes pega un fuerte salto por el peso de los vencimientos previstos para la devolución del préstamo al FMI: 31.700 millones a pagar en 2022 y 31.300 millones en 2023.
Según revela hoy el diario Página/12, este cuadro de situación es lo que el gobierno argentino pone en primer plano cuando se sienta a negociar con los acreedores: la absoluta imposibilidad de cumplir las promesas de pago que realizó la gestión anterior encabezada por Mauricio Macri.
Se destaca que el mismo planteo se formula en las tres instancias de diálogo abierta con los acreedores del país: los bonistas extranjeros, los bonistas locales y el FMI. Con este último, ya se avanzó incluso en una definición más tajante: el acuerdo stand by del año 2018 está caído, por lo que nuestro país no aspira a recibir los fondos pendientes de desembolso.
Cuando en pocos días más llegue la primera visita del Fondo en la actual gestión, la misión que encabezará el venezolano Luis Cubeddu ya estará en conocimiento de la posición que Argentina le adelantó al staff del organismo: es un objetivo del Gobierno modificar las fechas de pagos comprometidas por el macrismo, pero partiendo de la base de que el nuevo cronograma resultante de la prórroga, deberá arrancar a partir de 2024.
La idea fuerza que manejó el gobierno argentino ante Kristalina Geogieva, la nueva titular del FMI que asumió en reemplazo de Christine Lagarde, es que el programa que respaldó el organismo a mediados de 2018 “desestabilizó la economía” comprometiendo aún más la situación externa. Una salida responsable y “de buena fe” exige una reestructuración de la deuda, de la cual el Fondo no puede estar al margen.
Esta vez, el planteo de reestructuración se está haciendo antes del default. “A nadie le conviene el default”, dicen cerca del ministro Martín Guzmán, y confían que esa es una carta fuerte sobre la mesa. Además de que ambas partes saben perfectamente que las condiciones pactadas de pago son imposibles de cumplir y hay que cambiarlas.
Precisamente, la característica de “insostenibilidad” de los compromisos de la deuda es el punto de apoyo de la argumentación del equipo de Guzmán frente a los acreedores, porque es lo que hace ineludible ir a una reestructuración “lo más ordenada posible”, tal como insiste el ministro y sus colaboradores en cada encuentro con los representantes de los bonistas.
El ministro y sus negociadores también plantean una línea límite a los acreedores, la cual no aceptan traspasar: les advierte que “no fuercen la situación” sobre la economía argentina porque existe el “peligro de entrar en una espiral recesiva, con consecuencias explosivas”. O sea, es un modo más amplio de expresar aquella idea base de que “los muertos no pagan”. Guzmán reclama, como componente ineludible de la negociación, que hay que dejar que la economía argentina vuelva a crecer para que recupere capacidad de pago.
“No es una propuesta agresiva, tampoco se puede decir amigable con los acreedores. Es una propuesta seria, responsable. Y de buena fe”, definen los negociadores argentinos, que subrayan el aspecto de que se trata de asumir compromisos que se puedan cumplir en una economía que tiene que recuperarse y volver a crecer.
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MUY BIEN COMPAÑERO…PRIMERO CRECIMIENTO INTERNO..SIEMPRE ARGENTINA PAGO SUS DEUDAS.