Con el objetivo de evitar que continúen con las maniobras de vaciamiento y ocultamiento de información, la fiscal de la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquin, presentó hoy un escrito donde pidió que se desplace a toda la administración de la empresa Correo Argentino, representada por integrantes del Grupo Macri.
Sin lugar a dudas, el caso del Correo Argentino es uno de los que arrastra Mauricio Macri tras dejar la presidencia. Luego de que la fiscal lograra impedir que el ex presidente le condonara a su familia más de $ 70.000 millones de la histórica deuda que tienen con el Estado, y tras denuncias de vaciamiento y nuevas dilaciones por parte de la familia Macri, a fines del año pasado la empresa fue intervenida a medias: nombraron un coadministrador y dejaron a todos los directivos de la familia Macri.
La intervención llegó después de 18 años en los cuales la familia Macri no sólo evitó pagar sus deudas con el Estado, sino que se dedicó a vaciar la empresa y a ocultar información a la Justicia. Para llegar a esta instancia, que fue parcial y tardía, resultó clave el trabajo de la fiscal Boquín.
Para la fiscal, la empresa “se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores”, por lo que pidió medidas y advirtió que, si se las niegan, acudirá vía recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asimismo, reclamó la designación de un interventor judicial “con desplazamiento total del órgano de administración hasta que concluya el procedimiento de salvataje, sin que ello afecte la legitimación de la concursada para recabar nuevas conformidades” a propuestas de acuerdos con acreedores.
En abril de 2019, Boquin denunció la existencia de gastos millonarios por parte de Correo Argentino que tenían como destino a directores de la empresa, estudios de abogados y consultoras y empresas de publicidad que, en muchos de los casos, tenían vinculaciones con el holding Macri y que por entonces eran importantes miembros del gobierno de Mauricio Macri. Justamente, ante esto requirió la intervención de la empresa.
Entre las irregularidades, la fiscal mencionó, además del “vaciamiento” de la firma, “la presentación de acuerdos fraudulentos para obtener la homologación del acuerdo preventivo, “pago de cifras millonarias en concepto de honorarios”, “montos elevadísimos” como “anticipos al directorio”, lo que, a criterio de la representante del Ministerio Público, no solo perjudicó a los acreedores sino también al accionista minoritario, “el Estado Nacional”.
La fiscal reseñó que el concurso fue iniciado hace casi dos décadas y recalcó que el régimen concursal “no puede ser utilizado en forma abusiva, para que el deudor se libere de sus obligaciones mediante el pago de sumas insignificantes, evitando las consecuencias de la declaración de quiebra en materia de inhabilitación”.
Agregó que, si no, “el sistema concursal se transformaría en un medio apto para socializar las pérdidas del empresario, lo que repugna a los principios de un sistema de economía de mercado que se basa en la asunción de riesgos”.