Mauricio Macri recibió un durísimo revés por parte de la Justicia federal, que rechazó el intento del ex presidente, de evitar que se realice un entrecruzamiento de sus llamados y mensajes enviados y recibidos desde su celular, en el marco de la causa que investiga una asociación ilícita que tuvo por objeto la persecución y acorralamiento del Grupo Indalo (dueño de C5N y Radio 10), para el desguace de sus activos.
Así lo resolvió hoy la jueza María Servini, al rechazar la nulidad planteada por el abogado de Macri, Pablo Lanusse, quien en un duro escrito había “apelado” la decisión de la magistrada de avanzar en el pedido de pruebas, algo imposible desde el punto de vista procesal, ya que no se puede condicionar una investigación judicial cuestionando la recolección de pruebas ordenadas por un juez.
Por eso mismo es que Macri siguió la estrategia de otros integrantes de la Mesa Judicial M, que suponiéndose impunes e intocables, buscaron evitar que la Justicia obtenga esos registros, pidiendo la nulidad de la orden de Servini.
Tal fueron los casos de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, José Torello y Mario Quintana, operadores judiciales del ex presidente, quienes habían solicitado lo mismo.
Ahora, en base a los argumentos del fiscal Guillermo Marijuan y tras la decisión de Servini, avanzará el informe solicitado a la Dajudeco (Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado), con el objetivo de echar luz respecto al circuito de comunicaciones e impacto en antenas telefónicas en determinados momentos clave del desarrollo del expediente administrativo de la AFIP sobre Oil Combustibles, y en la causa penal que derivó en la prisión de los accionistas de Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Macri había cuestionado por desproporcionada, arbitraria, carente de fundamento y violatoria de la intimidad, además de otros calificativos la decisión de Servini de establecer el flujo de comunicaciones del ex presidente con otros miembros de la denominada “Mesa Judicial”, en un intento para que la justicia no tenga acceso a esos datos.
“Habré de reiterar que la medida de prueba ordenada cumple con todos los requisitos necesarios para su dictado; el conocimiento de todo el universo de llamados resulta necesario a efectos de poder determinar si eventualmente hubo variaciones en los flujos de comunicaciones en las cercanía a los hitos individualizados por este Juzgado, como así también para poder determinar los abonados telefónicos que fuesen usados por los imputados y no estuvieran a su nombre”, señala el rechazo.
La jueza había ordenado el 6 de julio último una serie de medidas de prueba, entre las que se destacaba un amplio entrecruzamiento de llamados entre Macri, los ex titulares de la AFIP, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y otros imputados en la causa, a fin de establecer si había comunicaciones entre ellos en los días en los que los denunciantes afirmaron haber recibido presiones, o en los que el Gobierno de Cambiemos dictó medidas que perjudicaron al Grupo Indalo .
La causa se abrió en base a hechos denunciados por Fabián De Sousa inicialmente en el fuero comercial, en el expediente concursal de Oil Combustibles, donde relató presiones sobre él, su socio López y sus empresas por parte del gobierno de Macri y a través de la AFIP.
Esto derivó en la apertura de una causa penal a cargo de Servini, donde fueron denunciados el propio ex Presidente, el asesor José Torello, el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el ex titular de la AFIP Alberto Abad, su sucesor, Leandro Cuccioli, el hombre de la mesa judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el empresario Nicolás Caputo. A todos se les atribuye alguna participación en presiones sobre López y De Sousa para desapoderarlos de sus empresas.
Según los denunciantes el objetivo de fondo era ahogar a Indalo , Oil y los medios de comunicación del grupo, con un doble objetivo: por un lado encarcelar a la ex presidenta Cristina Kirchner y, por otro, para que todo el grupo termine en manos de amigos del ex presidente, o que directamente quebrara y quede como un símbolo de lo que le podría pasar a los empresarios que no se sumaron a la guerra contra el kirchnerismo.