Revitalizado por la media sanción de la ley Bases en la Cámara de Diputados, recuperando agenda y centralidad tras el golpe que significó la marcha universitaria del 23 de abril, el gobierno de Javier Milei tiene bien claro qué camino debe recorrer de cara al segundo semestre.
Un camino que incluye sellar el Pacto de Mayo y avanzar a toda marcha con nuevos paquetes de privatizaciones de empresas del Estado, resoluciones para desregular la economía, iniciativas “anticasta” y el impulso de proyectos de seguridad y defensa.
Uno de los colaboradores del presidente suele comentar que el economista no siempre apuesta al todo o nada. “Javier analiza muy bien los escenarios y no se queda solamente con el plan A: piensa en el B, C, D y hasta el E”, grafica, según refleja hoy el periodista Juan Pablo Kavanagh en el diario Perfil.
En ese sentido se indica que el Gobierno intentará avanzar con los temas más sensibles que quedaron fuera del proyecto original que se conoció como “ómnibus”, luego de rubricar el Pacto de Mayo con aquellos gobernadores que colaboraron con la ley más importante para la Casa Rosada.
En concreto, en la administración Milei admiten la intención de privatizar nuevas empresas públicas, además de las que figuran en el texto que se discutirá en el Senado a partir de este martes (en la iniciativa aprobada figuran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, AySA, entre otras).
Ahora, en la mira libertaria entran el Banco Nación y todas sus empresas subsidiarias (Nación Seguros, Nación Seguros Retiro, Nación Servicios, Nación Bursátil), el BICE, la Casa de la Moneda, Radio Litoral, Fabricaciones Militares, Fábrica Argentina de Aviones, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, YPF, Arsat y Nucleoeléctrica Argentina.
Guillermo Francos, el ministro del Interior, también dio una pista sobre lo que busca el oficialismo con las compañías públicas: renovar el debate gracias a un proyecto de ley sobre privatizaciones. De hecho, ante la consulta sobre el rol del Banco Nación, comentó que no entiende por qué se rechaza el ingreso de privados a la estructura del principal banco público del país. “El Estado mantendría la mayoría accionaria, es la nave insignia del crédito argentino”, expresó el ministro que forma parte del ala política oficial.
También, hay una serie de iniciativas, que Milei denomina “anticasta” y que nombró en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que se intentarán poner en marcha en la segunda mitad de 2024. En ese marco, aparece la necesidad del Gobierno por eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, penalizar a los funcionarios que financien el déficit fiscal con emisión monetaria, y la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidentes y vices.
La seguridad es otra cuestión que contará con centralidad en la agenda del presidente. En esa línea, en Casa Rosada mencionan que se buscará la sanción en el Congreso de las iniciativas que fueron elaboradas, y ya presentadas, por Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes lideran las carteras de Seguridad y Defensa respectivamente.
Al respecto, figura el texto que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas para que actúen contra el narcotráfico, y la denominada ley “antimafias” que aumenta penas a todos los miembros de una organización delictiva. A su vez, la ley de reiterancia, que permitiría que un delincuente que enfrenta varias causas penales sin tener aún sentencia firme espere un fallo preso, y una ampliación del registro de ADN a todos los delitos.
Por último, la desregulación de la economía sigue siendo un gran objetivo para el oficialismo. Y en esa dirección se buscará desregular la venta de libros, habilitar la reventa “sin límite” de entradas para espectáculos deportivos, y garantizar que las aseguradoras puedan operar en todas las ramas de seguro sin autorización previa si cumplen requisitos.
Y aparece otro detalle ambicioso en esa parte: la creación de una Agencia de Mercados y Competencia que pueda investigar “conductas anticompetitivas de organismos públicos”. Será un ente descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo, para “promover el correcto funcionamiento y la transparencia de una competencia efectiva”.