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17 mayo, 2021
PAÍS

¡Presidente, no deje pasar la historia! Juicio político a la Corte

Por Alfredo Silletta

No es la primera vez en la historia que la Corte Suprema de Justicia  quiere llevarse por encima a un gobierno peronista. Sucedió en 1945 con el general  Juan Domingo Perón y en el 2003 con Néstor Kirchner. Hoy pareciera repetirse la historia. Como dijo la vicepresidenta Cristina Kirchner “está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño”.

Desde que el Frente de Todos ganó las elecciones de 2019, el  establishment económico, político y judicial trabaja para desgastar al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Utilizan el periodismo de guerra de los grandes medios orquestados por el Grupo Clarín, La Nación e Infobae  para desgastar al gobierno y la Justicia, la misma que operaba con el macrismo encarcelando a la oposición. Hoy saca fallos políticos contra el gobierno, a favor del Grupo Clarín, del ex presidente, de sus funcionarios y en el día de ayer para frenar las iniciativas para combatir la pandemia que hace estragos en la Argentina como en el resto del mundo.

Recordemos dos hechos concretos sobre la presión de la Corte y la respuesta que tuvieron Perón y Kirchner.

Perón y la Corte. Hay una historia que merece recordarse y que sucedió en las vísperas del 17 de octubre de 1945, cuando la Corte estuvo a punto de hacerse cargo de los destinos del país, algo que está nuevamente en las mentes de muchos jueces.

Aquella historia comenzó en el 19 de septiembre de 1945, en la llamada Marcha por “la Constitución y la Libertad”, pidiendo que termine el gobierno comandado por Farrell y Perón. Miles de manifestantes se reunieron en la Plaza de los dos Congresos y marcharon por la avenida Callao hasta Plaza Francia. Al frente de la misma se observaba a todo el  establishment de Buenos Aires: Joaquín de Anchorena,  Rodolfo Ghioldi, Nicolás Repetto, Alfredo Palacios, José Tamborini, Ernesto Sanmartino, Carlos Saavedra Lamas, Mariano Castex y José María Cantilo, entre otros.  La avenida Callao fue una fiesta y hasta se sumó a la misma el embajador norteamericano Spruille Braden. Los cánticos más recurrentes, además de las estrofas de La Marsellesa, fueron los siguientes: “Votos si, botas no”, “Desde el cabo al coronel, que se vayan al cuartel”, “Con tranvía o sin tranvía se quedaron en la vía” y “A Farrell y Perón hoy le hicimos el cajón”.

A partir de allí la presión hacia el gobierno fue muy fuerte para que dejara el poder. La Marina sacó un documento firmado por 30 almirantes  y parte del Ejército, que no veía con buenos ojos el crecimiento de la figura del coronel Perón y su relación con los obreros, pidiendo un cambio drástico. La oficialidad de Campo de Mayo le pidió la renuncia al coronel Perón a la vicepresidencia y a la secretaria de Trabajo. El presidente Farrell aceptó su destitución pero el establishment no se conformó con esa medida. Días después pidió la cárcel para el coronel y que el presidente entregara el gobierno a la Corte.  La gente de barrio Norte salía a la calle alborotada y se reunía por aquellos días en la Plaza San Martín, frente al Círculo Militar.

Farrell llamó al Procurador de la Corte, el Dr. Juan Álvarez para que formara un gabinete civil de notables hasta que se realizarán las elecciones en 1946. Los sectores más nacionalistas que miraban con buenos ojos a Perón y al radicalismo no estaban convencidos de volver a un régimen anterior a 1943.

El Procurador forma un gobierno compuesto por la dirigencia más rancia y oligárquica, todos integrantes de la Década Infame y serviles los intereses extranjeros. Cuando alguien le preguntó porque se decidió por ese tipo de personajes, la respuesta fue típica: “¡Pero sí son apolíticos!”.

Mientras los diarios festejaban esos nombres y la detención de Perón, el subsuelo de la patria comenzaba a sublevarse en cada fábrica y rincón de la Argentina.  Lo que sucedió después es historia conocida. Miles de trabajadores salieron a la calle y marcharon hacia la Plaza de Mayo a pedir por la liberación del coronel Perón en aquella histórica jornada del 17 de octubre.

Luego del triunfo electoral de 1946, el oficialismo le inició juicio político a la Corte Suprema, el cual finalizó en 1947 con la destitución de sus miembros más la del Procurador Álvarez. Los argumentos fueron contundentes: desde haber convalidado con sus acordadas de 1930 y 1943 gobiernos de facto y emitir fallos políticos para impedir los fines sociales de último gobierno ha haber negado a tomar juramento a los camaristas de la Justicia del Trabajo, retardando así el funcionamiento del fuero laboral.

Néstor y la Corte. A los pocos días de asumir, el ministro de Justicia Gustavo Beliz expresó que “sería saludable que algunos miembros de la Corte presenten su renuncia”. El presidente de la Corte, Julio Nazareno  le respondió que el 27 de abril  “no se votó” para elegir representantes de la Justicia sino para presidente y vice de la Nación y que la Corte debe renovarse con los métodos naturales”. Pero la repuesta  de Nazareno no  solo quedo en palabras. Emitió una circular interna firmada por él y dirigida a todos los jueces de la Corte donde expresaba que  “por disposición del presidente del Tribunal será presentada para ser tratada y dictar sentencia en el acuerdo por celebrarse el miércoles 11 de junio la causa “Lema, Armando Enrique sobre acción de amparo.

Se trataba del  caso de un ahorrista particular que demandó al Banco de la Provincia de Córdoba por un depósito en dólares atrapado por el corralón. Esto preocupó tanto a Kirchner como a Lavagna porque un  eventual fallo favorable a la redolarización, en este caso de un depósito de un ahorrista particular, sería el inevitable efecto cascada de la medida en otros miles de reclamos y la obligación de convertir a dólares cientos de depósitos que en ese momento estaban en moneda argentina.

Días después, el 3 de junio, en un reportaje realizado a Crónica TV, el titular de la Corte, molesto porque los funcionarios del nuevo gobierno continuaban pidiendo las renuncias, señaló que ellos seguirían adelante con los fallos que consideraban “mejor” para el país y, ante una pregunta de un periodista, que si no era una extorsión tratar los recursos atrapados en el corralito y sobre su renuncia, el ministro en un tono fuera de lo correcto dijo  “Ah! no, no. Me voy, déjate de joder”.

Esa misma noche, Kirchner pidió el tape de Crónica TV.  No lo podía creer.  Ya en Olivos  lo converso con Cristina y a la mañana con sus ministros.

Ese mediodía llamo a Aníbal Fernández y le dijo:

-“Vamos a grabar en un rato un mensaje, voy a pedir el juicio a la Corte”.

Fernández puso cara de asombro y el presidente le comentó:

– “¿Te asusta?”.

– “No, no me asusta, lo que te pido es que me digas que no volvemos para atrás”.

-“Nunca ¿qué es el poder?, ¿los granaderos, el helicóptero, la quinta de Olivos? Si eso es el poder me voy a mi casa.”.

Esa noche, por cadena nacional, Kirchner fue a fondo contra el presidente del tribunal. En 8 minutos, leyendo, dijo que no estaba dispuesto a aceptar presiones. Además reclamó al Congreso que separe a uno de los jueces de la llamada “mayoría automática, que apoyo al menemismo.

Fue un discurso de alto voltaje político, Kirchner apuntó directamente a Nazareno aprovechando las declaraciones que el magistrado hiciera un día antes en una polémica conferencia de prensa. Kirchner calificó a las palabras del juez como parte de “un pasado que se resiste a conjugar el verbo cambiar que el futuro demanda”.

Dijo en otro tramo: “Pedimos con toda humildad, coraje y firmeza a los legisladores que marquen un hito hacia la nueva Argentina preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. Reclamó una instrumentación urgente de los remedios para el mal que enfrentamos”.

Debilitado por el avance del juicio político en el Congreso, Nazareno renunció a fines de junio. En tanto, en los primeros días de diciembre de 2003, el Senado destituyó de su cargo a Moliné O´Connor, por encontrarlo culpable de dos de los nueve cargos que le imputó la Cámara de Diputados en el juicio político.

En septiembre de 2004, el mismo día en que una comisión de Diputados iba a presentar la acusación en su contra por presunto mal desempeño en el Senado en el marco de juicio político iniciado en su contra, el juez Vázquez presentó su dimisión. De la misma manera, un año antes, había renunciado el Juez Guillermo López.

A 75 años de aquel intento de la Corte de hacerse cargo de un gobierno y a 18 años de intentar repetir un golpe contra Néstor Kirchner, el presidente Alberto Fernandez deberá tomar las medidas necesarias (juicio político y ampliación de la Corte) para hacerles comprender a los jueces que en un estado democrático el que gobierna el Poder Ejecutivo es el elegido por  el voto popular y no por los jueces y el establishment económico.

El presidente debería recordar aquel encuentro entre Arturo Jauretche y el radical Amadeo Sabattini que no quiso hacerse cargo del gobierno en las vísperas del 17 de octubre. Don Arturo dejo una frase memorable:  “Sepa doctor que la historia ha pasado al lado suyo y usted la ha dejado escapar. Nunca más tendrá esa oportunidad”.

Ojala el presidente tome las medidas que hay que tomar luego de este fallo vergonzoso.

 

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3 Comentarios

Hugo 5 mayo, 2021 at 9:43 am

El juicio político no va a prosperar porque se necesitan dos tercios de cada cámara. No pueden sacar a
Casal, mucho menos podrán con la Corte. Solo la movilización popular puede cambiar el status quo.

Respuesta
JOE 6 mayo, 2021 at 4:11 pm

DESTITUIR A TODA LA CORTE MEDIANTE UN DNU.-

Respuesta
Tambu 9 mayo, 2021 at 1:43 pm

Creo que muchxs estaríamos de acuerdo con que esto ocurra pero, ¿podemos garantizar los 2 tercios necesarios de diputadxs para que prospere el juicio?
Artículo 53.(Constitución Nacional, copiado de infoleg)- Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.

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