Consumado el cimbronazo que significó el fallo de la Corte Suprema a favor de las clases presenciales a pesar de los escalofriantes números de contagios y muertes por Covid, el Gobierno nacional apura los tiempos para enviar cuanto antes al Congreso el proyecto de ley con el que busca fijar parámetros para administrar la pandemia.
El objetivo es que la iniciativa sea aprobada antes de que venza el actual Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), es decir, el 21 de mayo próximo. Incluso, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, está en conversaciones con los gobernadores, con la idea puesta en que el proyecto alcance el mayor consenso posible.
El texto del proyecto tiene los mismos indicadores que se fijaron en el último decreto, que estableció categorías según tres factores: aumento de los contagios los últimos 14 días, la incidencia sobre la población, y la ocupación de las camas de terapia intensiva. Así, dividió al país en cuatro categorías: baja, media, de alto riesgo y alarma epidemiológica, situación en la que se encuentran la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
“Es un proyecto que tiene características técnicas, desde el punto de vista de los indicadores, de los rangos y de las sanciones, y otra parte política. Sobre la fecha, estimamos tenerlo esta semana. Y si no, será la próxima. Pero estamos trabajando para tenerlo esta semana”, adelantó un funcionario cercano al presidente.
Desde el Gobierno nacional le pidieron a la oposición acompañar la iniciativa. “Va a tener parámetros objetivos, algo que la oposición siempre le pidió al Ejecutivo. Son parámetros que están en el DNU y que siempre estuvieron, pero la oposición no suele leer las cosas”, agregaron.
“Nosotros, de esta forma, estamos convocando nuevamente a la oposición al diálogo político. La oposición tiene la posibilidad de sumarse y colaborar. ¿O solo firman comunicados oponiéndose a todo? El objetivo sigue siendo el cuidado de la salud y las medidas que recomiendan los expertos y el consejo federal de salud”, agregaron cerca del jefe del Estado.
Sin embargo, por ahora en Juntos por el Cambio las opiniones están divididas. Hay un grupo que espera, con desconfianza, conocer el texto de la norma, y hay otro que ya anunció su oposición a esto que denominan como un pedido de superpoderes.
El 21 de mayo es la fecha establecida como límite por parte del Ejecutivo para presentar en la Cámara de Diputados lo que Fernández dijo que será “un proyecto para que, en función de criterios científicos claros y precisos, se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”.
La decisión del mandatario se conoció antes del esperado fallo de la Corte Suprema sobre la continuidad o no de las clases presenciales, que originó el enfrentamiento entre Nación y Ciudad y pretende eliminar cualquier otro foco de disputa entre jurisdicciones bajo el paraguas de la pandemia.
Los encargados de redactar la norma son el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Esta última fue la que, hace un año atrás, ya le había planteado al Presidente la estrategia de enviar un proyecto de ley que otorgara facultades a los Ejecutivos de la Nación y de las provincias. Sin embargo, en ese momento los jefes de los estados provinciales se negaron a compartir el costo político de la decisión de ir a un encierro.
Pero los acontecimientos locales e internacionales le volvieron a dar lugar a la idea de Ibarra. En uno de los informes que recibió Fernández respecto de las medidas que se toman en el resto de los países apareció el caso de Alemania, y la iniciativa que fue recientemente aprobada autoriza a la canciller Angela Merkel a quitar competencias a las provincias de ese país, para centralizar la gestión de la pandemia y poder tomar decisiones destinadas a combatir la pandemia de manera centralizada.
La ley que aprobó la Cámara alta del Parlamento de Alemania (Bundesrat) hace una semana, y que es denominada por los medios germanos como “freno de emergencia”, otorga al gobierno de la canciller Merkel más poderes para combatir una tercera ola del coronavirus.
La nueva ley alemana permite imponer toques de queda entre las 22 y las 5, así como límites en reuniones privadas, actividades deportivas y aperturas de comercios. Asimismo, las escuelas cerrarán y volverán a las clases virtuales si la incidencia del virus supera los 165 casos por cada 100.000 habitantes.
“Es la política quien debe tomar las decisiones y encontrar las respuestas al desafío que enfrentamos”, enfatizó el presidente al anticipar el envío de esta iniciativa, para hacer frente a la segunda ola de coronavirus.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que la intención del gobierno nacional es presentar ante el Poder Legislativo “cuáles son los parámetros” que se usan “para tomar decisiones”. “Si (los legisladores) quieren agregar otros (parámetros), bienvenido sea”.
Sostuvo que el envío del proyecto también busca aclarar que el Poder Ejecutivo “toma medidas sanitarias” en momentos donde “a veces se quiere tironear desde el punto de vista electoral”. Y agregó que así, se despejarán dudas “si se quiere pensar que son medidas que no tienen un revestimiento científico” y que, de ese modo, se permitirá a la vez “democratizar” el tema, lo cual “es bueno para la democracia y es bueno también para este Gobierno”.