La muerte de 14 docentes y auxiliares de educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por coronavirus puede poner en jaque al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que está decidido a mantener la presencialidad en el distrito a cualquier costo.
Las muertes de los trabajadores, además de sacudir a la comunidad educativa, motivaron denuncias penales en las que la justicia deberá establecer si hubo una “concatenación” de hechos, a partir de la “exigencia de presencialidad” por parte del Gobierno porteño, que hizo que los educadores de la ciudad se expusieran al segundo brote de contagios y murieran.
Así se desprende de la denuncia penal presentada -y luego ampliada- por la abogada Valeria Carreras ante el juzgado federal 10 de Julián Ercolini, tras los decesos de la docente auxiliar de un colegio técnico, Graciela Romero, y de la vicedirectora de la Escuela 24, Silvina Flores.
Rodríguez Larreta ya había sido cuestionado judicialmente por los gremios cuando se desmarcó de las restricciones por 15 días dispuestas en abril pasado por el Gobierno nacional ante el pico de contagios, que llegó a los 30 mil casos diarios, muchos de ellos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), considerada la región de mayor riesgo epidemiológico del país.
A esto se sumó el impacto de las cinco muertes de los últimos ocho días, que agravó la tensión entre el Gobierno porteño y los gremios UTE-Ctera y Ademys, quienes denuncian imposibilidad de diálogo con las autoridades y persecución hacia los docentes que cuestionan las clases presenciales, mientras llevan adelante paros activos y asambleas, en jornadas que definieron como “de duelo”.
Hasta el 21 de este mes se determinó educación a distancia para todos los niveles educativos en zonas consideradas de ‘alarma sanitaria’, bajo criterios epidemiológicos que luego el Gobierno nacional amplió, detalló y formalizó en un proyecto de ley, que ya recibió dictamen del Senado y será debatido la semana próxima en el recinto.
Por esta razón, la presencialidad en los colegios podría quedar sujeta en el futuro a esos parámetros científicos contenidos en esa propuesta oficial.
La iniciativa del oficialismo fija parámetros sanitarios, epidemiológicos y demográficos para definir acciones de mitigación del coronavirus en todas las jurisdicciones del país.
La sanción de una ley que unifique criterios a la hora de adoptar políticas para contener el avance de la Covid-19 aparece como la respuesta parlamentaria al fallo de la Corte Suprema, del 4 de mayo último, que consideró insuficientes los fundamentos de la Nación sobre su estrategia sanitaria y priorizó la autonomía de CABA.
“Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes”, consignó el fallo firmado en forma unánime por los miembros de la Corte, aunque con distintos argumentos.
Sin embargo, esta semana la cámara alta avaló también -sin el apoyo de la oposición- tres decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo con medidas generales de prevención para mitigar la propagación del coronavirus, entre ellas, la suspensión de clases presenciales en el AMBA.
En este escenario, la denuncia penal contra Rodríguez Larreta incluye también un pedido para investigar a los miembros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, a raíz del tratamiento que se dio a la demanda que presentó la Ciudad contra el decreto que suspendió las clases presenciales en el distrito.
La abogada aludió en la denuncia a que las trabajadoras Graciela Romero y Silvina Flores fallecieron por Covid contraído en su trabajo, en escuelas de CABA y por “la exigencia de presencialidad”, según detallaron fuentes judiciales.
En cuanto a los miembros de la Corte sostuvo que hubo una mala admisión del planteo del Gobierno de la Ciudad, falta de celeridad y una decisión que permitió que “los educadores y educandos de la ciudad de Buenos Aires se expongan al segundo brote del contagio”.
